En la jornada informativa, celebrada en la sede del Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, han intervenido el jefe del Servicio de Turismo en la Delegación de Málaga, Rafael Salas; la jefa de la Inspección de Turismo, María José Mata, y el técnico del Servicio de Turismo en la Delegación de Málaga de la Consejería de Turismo y Deporte, Ángel Martín.

Tanto Salas como los asistentes han coincidido en que "la problemática principal que está generando el decreto es la obligatoriedad de las viviendas de poseer licencia de primera ocupación".

En este punto, ha precisado que un elevado número de viviendas de Andalucía, construidas antes de los años 80, no disponen de esta licencia, ya que en su momento no tenían obligatoriedad de tenerla. Por ello, ante esta situación, la solución que se ha planteado en la charla va encaminada a que cada ayuntamiento analice y decida cómo certificar la habitabilidad de esas viviendas para que los propietarios puedan registrarlas.

Por otro lado, han recordado que en los últimos años, como consecuencia de la crisis y la búsqueda de alternativas más económicas para salir de vacaciones, se ha producido un aumento cada vez más significativo del uso de alojamiento privado para alquiler turístico.

Este, han señalado, "no siempre va acompañado de un buen servicio o una adecuada garantía para las personas usuarias". Así, el alquiler vacacional en Andalucía ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses liderando el auge en España, con un aumento del 33 por ciento, siendo la subida en Málaga en un siete por ciento.

En concreto, en la capital costasoleña, las plazas destinadas a este uso triplican a la oferta 'reglada' con 28.763, frente a las 10.608 de la ordenada, según han recordado a través de un comunicado.

El nuevo decreto regula las viviendas que ofertan el servicio de alojamiento turístico a fin de establecer unas mínimas garantías de calidad y seguridad para las personas usuarias.

Además, responde a la necesidad de tener un censo de viviendas con fines turísticos en Andalucía, implementado a través del Registro de Turismo de Andalucía, para eliminar su clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística.

Se entiende por viviendas con fines turísticos aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio, el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual y con fines turísticos.