La Fiscalía ha pedido al Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que eleve al Tribunal Supremo (TS) las diligencias relativas a las irregularidades detectadas en la gestión de la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento alcalareño, dados los "indicios más que poderosos" de la supuesta implicación en los hechos del alcalde del municipio, diputado socialista y por tanto aforado, Antonio Gutiérrez Limones.

A través de un escrito fechado el 21 de marzo y recogido por Europa Press, la Fiscalía recuerda que la Constitución Española estipula que es la sala de lo Penal del Tribunal Supremo la instancia "competente" en las causas contra diputados y senadores, toda vez que de la instrucción de los hechos a manos del Juzgado mixto número dos de Alcalá de Guadaíra, "resultan indicios más que poderosos para entender la implicación de Antonio Gutiérrez Limones en la realización de los hechos".

A tal efecto, el Ministerio Público señala el atestado de la Guardia Civil de fecha 18 de noviembre de 2015, según el cual, textualmente, "se ha puesto claramente de manifiesto y sin ningún género de duda la directa responsabilidad en los hechos investigados, del alcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez Limones", diputado por el PSOE y por ende aforado.

Por ello, la Fiscalía pide al juzgado "la remisión de las actuaciones a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo", interesando al mismo tiempo que el Supremo "proceda a asumir el conocimiento íntegro de la causa y respecto a todos los investigados, ya que el conocimiento exhaustivo de los hechos exige la valoración conjunta y unitaria del proceder de todos los investigados y del plan urdido para la comisión del presunto ilícito que se investiga".

El caso acm

Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de la sociedad municipal ACM, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo, con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la posterior investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde.

El asunto supuso la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado inicial de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial reflejaba la localización de facturas por valor de 976 euros cargadas a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia. Viajes El Corte Inglés, encargada de gestionar el viaje, habría facilitado a los agentes "documento por el cual se identifica nominalmente a Antonio Gutiérrez Limones, acompañado de una señora y dos niños menores", como las personas que se alojaron en el citado hotel.

El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay "pruebas" de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal y niega las acusaciones, toda vez que el más reciente de los atestados de la Policía Judicial de la Guardia Civil da cuenta de que ACM encargó a diferentes proveedores trabajos o suministros "sin presupuesto previo" e incluso "sin contrato", incurriendo en un "incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público" tanto por este extremo como por una presunta "fragmentación" intencionada de su facturación.

El último atestado de la guardia civil

En el citado atestado, recogido por Europa Press, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social "enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento", el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde "de forma indeterminada", toda vez que la jurisprudencia "es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad".

En el caso de ACM, según la Policía Judicial, "se amplió de forma indeterminada su objeto social" y "en multitud de ocasiones" esta empresa municipal era "una mera intermediaria entre el Ayuntamiento y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba".

"Todo ello (...) con la connivencia, visto bueno o dejadez de funciones de los órganos encargados de la ejecución, dirección o administración de ACM", opinan los investigadores, según los cuales al contemplar el objeto social "cuantas actividades o servicios coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de Alcalá de Guadaíra, fácilmente se podrá justificar el empleo de ACM para cualquier fin, es decir un comodín al servicio de quienes lo puedan manejar, que eran quienes tenían la mayoría en el pleno y en el Gobierno local".

El papel de limones

"Nunca debió ampliarse el artículo dos de los estatutos de ACM (relativo al objeto social) en los términos expresados, constituyendo su aprobación un acto irregular que facilitó la capacidad de maniobra de los administradores de la empresa pública para cometer los actos delictivos investigados, volviendo a tener Gutiérrez Limones un papel protagonista en esa ampliación de los estatutos, desde el momento en que esa medida fue aprobada por el órgano que presidía, es decir la junta general de ACM", resumen los investigadores.

Limones, de su lado, ha dicho a Europa Press que "nunca" perteneció al consejo de administración de ACM ni tiene "nada que ver con lo que ha sucedido con la gestión de esa empresa". Al respecto, ha defendido que él mismo, por "iniciativa" propia, envió "a la Cámara de Cuentas de Andalucía" las cuentas de ACM al tener conocimiento de "posibles irregularidades".