Podemos Cantabria quiere regular el precio del alquiler social en todas las viviendas del parque público de la región, en base a los ingresos familiares.

En concreto, el partido morado pide que los beneficiarios no paguen más del 30% de los ingresos por unidad familiar, incluidos los gastos de suministros, siempre y cuando estos superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado este año en 655 euros.

Y cuando no se rebase esa cantidad, el precio del alquiler social será del 10% de los ingresos y los gastos de suministros correrán en ese caso a cargo del Gobierno de Cantabria.

Para conseguir esto, el partido morado ha presentado una proposición no de ley a debatir en el Pleno del 25 de abril, para que el Parlamento regional inste al Gobierno PRC-PSOE regular el alquiler social en las viviendas dependientes del parque público autonómico -como las 40 cedidas por la SAREB al Ejecutivo-.

El objetivo es que esa regulación se aplique también en todos los municipios de la región, ya que hasta ahora las cifras son "muy dispares", pues en algunos casos se cobran 100 euros y en otros, 400 euros, por ejemplo.

Esto es "un auténtico disparate", ha manifestado este jueves el secretario general y diputado de Podemos, José Ramón Blanco, en una rueda de prensa en la que ha presentado la iniciativa de su grupo parlamentario, con la que pretenden "regular de una vez por todas" el alquiler social, para que no tenga una cuantía fija, sino que ésta dependa de los ingresos de la unidad familiar.

El parlamentario morado es partidario de regular "con urgencia" esta situación, que en comunidades autónomas como Cataluña ya lo está.

En su comparecencia, Blanco ha recordado que las viviendas de alquiler social están destinadas a garantizar en Cantabria que todas las familias o personas tengan alternativa habitacional y no se queden en la calle tras un proceso de desahucio.