El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, ha informado este miércoles al Consejo de Gobierno del nuevo Plan contra la Siniestralidad Laboral, que abarca "un extenso abanico de propuestas y actuaciones que buscan la concienciación e implicación de la sociedad en la prevención de los riesgos laborales". Se estima que la ejecución de las medidas contempladas "derivaran en una reducción de un 10 por ciento del índice de incidencia durante los próximos cinco años", explicó el consejero.

El plan, que tiene un 30 por ciento de medidas nuevas, incluye ocho líneas de actuación que se vertebran a su vez en 27 medidas y 74 acciones más concretas. Se intensifican un 15 por ciento las líneas de actuación de los anteriores planes para contribuir a la reducción de la siniestralidad, promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo y lograr entornos de trabajo más seguros y saludables, lo que redundará en un aumento de la productividad en todos los sectores económicos.

En este sentido, el consejero señaló que "el objetivo prioritario del Gobierno regional es la creación de empleo de calidad, y ello se consigue con más prevención que conlleve menos accidentes de trabajo". El plan, que está consensuado con el sector y los organismos implicados y cuenta con el apoyo del Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral, ya se está ejecutando.

El objetivo principal "es la reducción de la siniestralidad laboral, aproximándonos en 2020 al índice más bajo de la serie que fue el de 2012, con una incidencia de 2,8 por ciento accidentes por cada 100.000 trabajadores afiliados, mientras que 2015 se cerró con 3,3", especificó Juan Hernández.

Novedades del plan

Entre las novedades destaca que la formación en materia preventiva no será sólo para técnicos, sino que se amplía a trabajadores, empresarios y delegados de prevención. Además, se contemplan dos encuentros anuales con agentes sociales y profesionales de la prevención de riesgos laborales.

Asimismo, desde el pasado 1 de abril, en colaboración con CROEM, se ha puesto en marcha una iniciativa por la que, cada vez que una empresa formaliza una comunicación de apertura o reanuda la actividad en un centro de trabajo, recibe información escrita sobre las obligaciones legales en materia de prevención. "Este es un ejemplo más de que, desde el Gobierno, ponemos en marcha medidas para evitar el incumplimiento de la legalidad", explicó Hernández.

En materia de Inspección, para este año se ha llegado a un acuerdo con la Comisión Territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para llevar a cabo un total de 3.945 actuaciones, un 34 por ciento más que en 2015. En el primer trimestre de 2016, ya se han realizado un total de 630 actuaciones con 155 infracciones detectadas.

Otra de las novedades incluidas es la realización de campañas con la Dirección General de Tráfico con el fin de reducir la siniestralidad laboral vial. Asimismo, se realizará una campaña de sensibilización para hacer visible la prevención de riesgos laborales a la sociedad en general.

El plan incide de forma específica sobre el colectivo de empresas con mayores índices de siniestralidad. Se pasará de asesorar, apoyar y visitar 917 empresas en 2015 a 1.054 en 2016, esto es, un 15 por ciento más. Igualmente, se llevará a cabo por primera vez una campaña de riesgos psicosociales en la que, además de informar, se visitarán unas 100 empresas.

Las líneas de actuación contempladas en el plan son la divulgación y sensibilización para el fomento de la cultura preventiva; el asesoramiento para mejorar la capacidad de las empresas en la gestión de la prevención de los riesgos laborales; la ampliación de la formación de los técnicos en materia preventiva; la investigación, el análisis y los estudios técnicos destinados a la detención y evaluación de riesgos laborales que posibiliten mejorar las condiciones de trabajo; la prestación de servicios autorizados en el ejercicio de la actividad analítica del Instituto de Seguridad y Salud Laboral; la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa; la colaboración institucional y asistencia técnica y las actividades de fomento e incentivación de la cultura preventiva mediante ayudas y subvenciones.

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