El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha archivado la querella interpuesta contra el concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Joxe Abaurrea, así como contra dos responsables municipales, por un delito de prevaricación administrativa, por la denegación de una licencia de apertura de un bar en el Casco Viejo de la capital navarra que contaba con informes técnicos favorables.

En el auto, que puede ser recurrido, el juez sostiene que "no existen indicios suficientes" para afirmar que la actuación de los querellados tuviera por objeto perjudicar al solicitante de la licencia con "una actuación arbitraria y completamente contraria a derecho a sabiendas, único supuesto en el que cabría hablar de un delito de prevaricación".

Al respecto, el magistrado relata que, "aun cuando inicialmente podría considerarse cuando menos sospechosa la actuación del secretario general técnico del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona" de no firmar la propuesta que se le realizó desde el Área el 11 de agosto de 2015 tras los informes técnicos y jurídicos emitidos, lo que provocó la denegación de la licencia, "lo cierto es que no puede considerarse que fuera absolutamente injustificada y arbitraria y estuviera presidida por la idea de perjudicar los derechos de la entidad querellante".

Este expediente, según expone el juez, pasó por varias vicisitudes, por problemas con la salida de humos y con la chimenea, por lo que "no puede reputarse manifiestamente arbitraria la decisión del secretario general técnico de no firmar la propuesta y tratar el tema con el director del Área, quien optó por reclamar más información antes de dar el visto bueno a la propuesta de los técnicos".

Resalta el magistrado que "lo normal" es que la inmensa mayoría de las propuestas elevadas a los órganos directivos y al concejal por parte de los funcionarios y órganos técnicos sean ratificadas el mismo día o al día siguiente. Sin embargo, apostilla el juez, en ocasiones dicha aceptación se ha producido pasado un tiempo y, "aunque ciertamente es muy excepcional", a veces las propuestas de los órganos municipales se han rechazado, "sin que ello implique, por sí solo, que dichos rechazos sean constitutivos de un delito de prevaricación".

Por último, el magistrado asegura que "no se ha constatado la existencia de ningún interés personal o político en rechazar la propuesta de otorgamiento de licencia a la entidad querellante", puesto que hay, en principio, "causas que pueden explicar la decisión del secretario general técnico, ratificada luego por el director del área de no firmar la concesión de licencia realizada por los servicios municipales".