La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este lunes que remitirá una carta a todos los diputados gallegos en el Congreso y a los diferentes responsables políticos, incluido el presidente de la Xunta, para intentar que el debate sobre la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) se celebre antes de que concluya este período de sesiones.

"No se puede esperar dos o tres años", ha sostenido la nacionalista en rueda de prensa con el argumento de que esta vía es "una estafa" para todos los gallegos, hasta el punto de que sus peajes suponen el 7,6 por ciento de todos los que se pagan en España.

En este sentido, ha apuntado que Audasa recauda más de 300.000 euros al día y que, desde su puesta en funcionamiento, las cuentas superan los 2.400 millones de euros. "Si ese dinero fuese público, ya estaría en funcionamiento una red de Cercanías", ha ilustrado, crítica con que este "abuso continuo" es, además, "un lastre" para el desarrollo de Galicia.

Frente a este "expolio colectivo", Pontón ha apelado a que la transferencia de la autopista a la comunidad se debata cuanto antes en la Cámara baja y a que se repita la unanimidad conseguida en el Parlamento gallego el pasado 15 de marzo. "Espero que pesen más los intereses de los gallegos que las estrategias de los partidos", ha agregado.

Cuestionada por los periodistas sobre si cree que el actual momento, con el Gobierno en funciones, es el adecuado para impulsar esta iniciativa, la dirigente del Bloque ha opinado que sí a la vista de que no hay mayorías absolutas y de que hace más de 15 días que se aprobó en el Pazo do Hórreo. "Lo que no es momento es de que los gallegos sigan pagando unos peajes absolutamente abusivos que convierten la AP-9 en un artículo de lujo", ha razonado.

Rebajar los peajes

Según su criterio, de lograrse el traspaso de la autopista, tocaría "revisar a la baja" unos peajes que "se incrementaron de forma desorbitada en los últimos años". Como ha indicado, el aumento alcanza "el 50 por ciento" desde 2003 y "el 25 por ciento" durante la crisis.

Asimismo, se debería analizar "el proceso de privatización" de la AP-9, que ha considerado "una estafa al conjunto de los gallegos" que se enmarca en "la política de saqueo" a esta comunidad y de la que se está beneficiando una empresa estadounidense.