La Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca-Euskal Kontsumitzaileen Alkartea, EKA/ACUV considera "positivo" el decreto del Gobierno vasco por el que los propietarios de viviendas alquiladas desde septiembre de 2015 en Euskadi deben depositar la fianza correspondiente en el fondo público creado por el Ejecutivo Autonómico y ha afirmado que "es más seguro" para quien arrienda un piso.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la EKA/ACUV han asegurado que la medida es "positiva", por el hecho de que "ese depósito quede en manos de un tercero que no es una parte interesada" como es el arrendatario o el arrendado, "y más aún si es el Gobierno vasco. "Es una buena medida porque es más seguro para quien alquila un piso", han añadido.

En este sentido, han indicado que el arrendador "se asegura de que va a recibir la fianza" en caso de haya algún problema o desperfecto y si quien tiene alquilado el piso "tiene una disputa, una pelea, una bronca con el propietario y amenaza con no devolver la fianza".

Según han dicho, la medida implantada establece una serie de requisitos y garantías, por lo que han insistido en el hecho de que les parece "buena medida que esté en manos de la Administración".

EKA/ACUV ha recordado también la puesta en marcha "hace años" por parte del Gobierno vasco del servicio Alokabide, para "animar" a que muchos pisos vacíos salieran al mercado de alquiler, lo que hizo, han destacado que muchos propietarios que tenían miedo a poner la vivienda en alquiler tuvieran "la garantía" de la gestión del Ejecutivo autonómico.

Sin "resquemor"

La asociación ha afirmado que "en principio deberíamos confiar en las instituciones y en las administraciones en este tipo de cuestiones" y ha dicho creer que los propietarios "no deberían tener en principio ningún resquemor hacia esta medida", porque "en general, la garantía de la gestión o de la supervisión por parte de la administración, siempre y cuando la administración sea limpia y funcione bien, es buena para todos".

La iniciativa es un decreto de desarrollo de la Ley de Vivienda en el que se crea el Registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la Comunidad Autónoma vasca y establece la obligación de ingresar las fianzas en un fondo público.