El conflicto institucional entre el poder Legislativo y el Ejecutivo a cuenta de controlar o no desde el Parlamento al Gobierno en funciones se hace más grande cada día. Prueba de ello es que este miércoles representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos han presentado un escrito ante el Registro del Congreso, en el que instan al pleno de la Cámara baja a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para resolver dicho conflicto de atribuciones.

Mientras el Gobierno considera que, al estar en funciones, "no puede ni debe estar sometido al control de una Cámara que no le ha otorgado su confianza", los grupos parlamentarios de casi todos los partidos consideran que la labor de control y fiscalizadora del Congreso sobre el Ejecutivo es inexcusable. Por ello, los distintos grupos han solicitado estos días la comparecencia de diferentes ministros en las Comisiones correspondientes, pero estos se han negado a acudir.

El presidente del Congreso, el socialista Patxi López, recordaba la semana pasada que la mayoría de la Mesa del Congreso y la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces comparten el criterio de que "el Congreso tiene capacidad para, tal y como literalmente recoge la Ley de Gobierno en su artículo 26.2, controlar las acciones u omisiones del Gobierno, en los actos efectivos que un Gobierno en funciones puede realizar y realiza. No se trata, por lo tanto, de un control normal y ordinario como el que puede ejercerse sobre un Gobierno que tenga la confianza de esta Cámara, pero sí el que debe hacerse sobre las funciones y las decisiones que adopta, dentro de sus limitaciones, el que ahora tenemos".