La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, y la concejala delegada de Acción Social y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino, han suscrito un convenio de colaboración para que las personas menores de edad que cometan infracciones penales leves puedan realizar como alternativa al juicio tareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Ésta es una vía extrajudicial contemplada por la Ley del Menor que requiere de un acto de conciliación previo entre la persona menor y la víctima (reconocimiento del daño causado y disculpa ante la víctima aceptada por esta) y una reparación del daño, es decir, el compromiso del o la menor, asumido por su representante legal, de realizar determinadas acciones en beneficio de la víctima o persona perjudicada o de la comunidad, seguido de su realización efectiva.

La consejera Beaumont ha indicado, en rueda de prensa, que "nuestro interés reside en facilitar a los juzgados y a la Fiscalía aquellos recursos que permitan abrir ventanas y dar salidas socializadores a los jóvenes que han tenido experiencias poco edificantes y que conforme a la ley, sin embargo, deben ser atendidos".

Por su parte, Edurne Eguino ha señalado que "las personas beneficiarias en primer lugar van a ser las propias personas menores que han cometido algún fallo en esas edades tan tempranas, que a veces suele pasar, y a quienes se les va a dar la oportunidad de pedir perdón y entrar en un proceso de participación en acciones socioeducativas en el propio barrio en el que están, a cargo de una persona responsable, evitando así que vaya al juez".

Eguino ha opinado que "esto es mucho mejor" y ha esperado "muy buenos resultados de esta iniciativa". "Seguiremos adelante con ello", ha dicho.

La Fiscalía de Menores tramitó durante 2014, último año del que se disponen datos, 970 diligencias preliminares relacionadas con infracciones cometidas por menores, de las que 349 se convirtieron en expedientes. Según datos del Juzgado de Menores, ese año se dictaron 97 medidas de prestación de servicios a la comunidad, 48 de tareas socioeducativas, 5 de permanencia de los fines de semana en un hogar y 3 amonestaciones.

Estas medidas, dictadas por el juzgado, podrían haber sido susceptibles de resolverse de manera extrajudicial, tal y como prevé el convenio firmado este martes entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. Se hubiera evitado así la celebración del juicio y, además, la medida educativa hubiera estado más cercana en el tiempo a la infracción, ya que puede pasar un año desde que se comete el hecho delictivo hasta que la sentencia dictada es firme.

Medidas supervisadas

Tal y como establece la Ley del Menor, el cumplimiento y control de estas medidas extrajudiciales son competencia de equipos formados por profesionales de la psicología, la educación y el trabajo social, quienes deberán realizar las propuestas y la elaboración de informes. Si la persona menor no cumpliera con ello, entonces el Ministerio Fiscal continuaría con la tramitación del expediente judicial.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con servicios de acción preventiva comunitaria, integrados por equipos multidisciplinares con amplia experiencia en la intervención socioeducativa en la población infanto-juvenil, tratando de prevenir situaciones de desprotección y conflicto social desde una perspectiva integral y global. Estos servicios seguirían prestando la labor preventiva y añadirían así el desarrollo de los programas socioeducativos que se determinen por la Fiscalía de Menores.

PROCEDIMIENTO

El convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra no tiene contenido económico, sino que establece los compromisos que asumirán las dos partes para habilitar esta vía extrajudicial. Así, el Gobierno de Navarra incluirá en la cobertura del seguro de sus empleados a los menores que participen en los programas del Ayuntamiento. El Consistorio, por su parte, por medio de las entidades que están desarrollando los servicios de acción preventiva comunitaria, se compromete a facilitar las plazas que tenga disponibles para que menores infractores puedan cumplir las medidas extrajudiciales acordadas por la Fiscalía de Menores.

Estos equipos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales elaborarán el programa individualizado de ejecución de las medidas impuestas. Este programa expondrá las tareas específicas de carácter formativo, cultural y educativo que debe realizar el menor, encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social. Se designará el lugar y el horario donde se realizarán las actividades, que deberán ser compatibles con el de la actividad escolar del menor o, en su caso, con su actividad laboral. Uno de los objetivos de la medida será construir un proceso de participación socioeducativa en su comunidad.

El convenio prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento en la que representantes de ambas partes velarán por el cumplimiento del convenio, resolverán los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en su aplicación.