La diputada guipuzcoana de Políticas Sociales, Maite Peña, ha asegurado que la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) "no cumple los objetivos de inserción y además genera nuevas necesidades". En ese sentido, ha remarcado que la Diputación "seguirá ayudando a los más necesitados" y que "en Gipuzkoa no dejaremos a nadie en la cuneta" y ha anunciado una ronda de contactos con ayuntamientos, tercer sector y partidos políticos para "rediseñar" la ayuda.

Peña ha comparecido este lunes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde ha explicado las principales conclusiones que se extraen tras el estudio que sobre la eficiencia de la AGI se ha realizado desde el Departamento de Políticas Sociales.

La diputada ha dividido el estudio en tres partes, "una primera parte, ciñiéndose estrictamente a la lectura de datos y otras dos partes, que recogen la opinión tanto de los trabajadores sociales municipales como de representantes del tercer sector".

El informe ha sido presentado por el jefe de servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas del departamento de Políticas Sociales y autor del estudio, Jon Iribar, quien ha detallado que, en la actualidad, la Diputación cuantifica en 1.422 el número de perceptores que mensualmente cobran la AGI.

El perfil principal de receptores lo conforman varones jóvenes de entre 23 y 35 años, sin cargas familiares y en su amplia mayoría, extranjeros, aunque Iribar ha matizado que "la fotografía de los perceptores de esta ayuda no se corresponde con la de la inmigración en Gipuzkoa, ya que hay países concretos con mucha mayor prevalencia en AGI".

"efecto llamada"

El autor del informe ha matizado las diferencias por municipios, ya que algunas localidades guipuzcoanas tienen muchos más perceptores que otras, aunque "de partida no sean las localidades con mayor presencia de personas con origen extranjero". Iribar ha argumentado esta situación por el "efecto llamada" que genera la ayuda, exclusiva de Gipuzkoa.

De media, cada perceptor de AGI cobra 706,6 euros mensuales, lo que para las arcas forales supone un presupuesto anual de más de 11 millones de euros. Sobre estos datos, Iribar ha destacado que "el principal problema es su carácter singular y exclusivo de Gipuzkoa, lo que dota de un carácter de isla a nuestro territorio".

También ha subrayado que es una ayuda que "no cumple con los objetivos de inserción", porque según ha explicado, es una cuantía económica que "no viene acompañada de otros recursos que podrían facilitar la inserción".

Entre las ventajas, ha destacado que es una alternativa para las personas o familias que no dispongan de ningún otro recurso y que "hasta puede ser una herramienta a disponibilidad de los ayuntamientos, para ofrecer algo a quien viene en situación de necesidad".

Al cuestionario de la Diputación de Gipuzkoa ha respondido cerca del 60% de los ayuntamientos del territorio, "con perspectiva muy diferente unos de otros, en función de las realidades a las que se enfrentan". "Son pocos los trabajadores sociales que se posicionan claramente en uno u otro sentido, ni claramente a favor de mantener la ayuda en las condiciones actuales ni partidarios de su eliminación", ha apuntado.

ENTIDADES

Con respecto al tercer sector, Iribar ha explicado que se han reunido con tres entidades representativas que trabajan con perceptores de la AGI y ha destacado que "también aquí, las opiniones varían de una a otra entidad".

Además, las tres coinciden en que, en mayor o menor medida, tiene un "efecto llamada" y "coinciden con el resto al decir que la ayuda exclusivamente económica debería dotarse de otros recursos que faciliten la inserción y recomiendan que cualquier modificación que se haga en la AGI, debe hacerse con tiempo y con la información adecuada".

La diputada de Políticas Sociales, con estos datos, ha considerado que esta ayuda "no cumple con los objetivos para los que se plantea, no sirve para facilitar la inclusión y además genera nuevas necesidades".

Peña ha asegurado que "en Gipuzkoa no dejaremos a nadie en la cuneta" pero, a su vez, ha abogado por "trabajar por una sociedad más justa y equitativa". "Estoy empeñada en utilizar con rigor el dinero público y voy a trabajar para que todas las ayudas sean lo más eficientes y eficaces posibles", ha remarcado.

Finalmente, ha anunciado una ronda de contactos tanto con partidos políticos como con ayuntamientos y entidades del tercer sector, para recoger sus aportaciones sobre cómo se puede "rediseñar" la ayuda.