El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha recordado que el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) es un impuesto autonómico "de finalidad ecológica y solidaria", que grava la contaminación del agua que se realiza por su uso.

Ha explicado que la obligación de crear impuestos de saneamiento se estableció por la Administración General del Estado en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas de 1995, que implicaba la necesidad de que las comunidades autónomas aplicasen un impuesto para hacer frente a los objetivos marcados por la directiva europea sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En Aragón fue creado por la Ley 9/1997, de saneamiento y depuración de las aguas residuales, con el nombre de Canon de Saneamiento. Con este mismo nombre se mantuvo en la Ley 6/2001, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. El tributo cambió de nombre por el actual de Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas mediante la Ley 2/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas, y actualmente se regula en la Ley 10/2014, de Aguas y Ríos de Aragón.

"Se trata de un impuesto, no de una tasa, de finalidad ecológica que grava la contaminación del agua en su uso doméstico o industrial", ha insistido el Departamento.

Asimismo, ha precisado que es un impuesto de carácter solidario que permite a las pequeñas poblaciones dotarse de sistemas de saneamiento y depuración gracias a lo que se recauda en las de mayor tamaño. "Todos los aragoneses pagan exactamente lo mismo, residan donde residan, con la salvedad de quienes son perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción o viven en condiciones socioeconómicas insuficientes".

Inversión del ayuntamiento de zaragoza

Durante años y como consecuencia de la inversión realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza en su depuradora, los vecinos de la capital no pagaron este canon. Ello supuso un ahorro de 444 millones de euros, suficiente para compensar esa inversión.

Por ello, en 2012 el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza acordaron declarar compensadas todas las actuaciones de saneamiento y depuración afrontadas por el municipio en solitario y empezar a repercutir el pago del impuesto a los ciudadanos de Zaragoza desde el 1 de enero de 2016 en condiciones de igualdad con el resto de los aragoneses.

"Precisamente para garantizar esa igualdad y teniendo en cuenta que ya soportan costes por la contaminación del agua, los zaragozanos, así como los vecinos de otras poblaciones con depuradora propia, son objeto de una exención en el impuesto que alcanza el 70 por ciento del mismo", ha relatado el Gobierno de Aragón.

El Ejecutivo autonómico ha incidido en que defiende "con absoluta convicción" el carácter público o común de todos los usos del agua y rechaza cualquier enfoque privatizador. Consecuentemente, ha anulado los contratos concesionales que estaban en proceso de concurso y pendientes de adjudicación y promueve una gobernanza del agua basada en las comunidades de usuarios y en las administraciones locales en coherencia con sus competencias.

Al mismo tiempo, ha apostado por una actuación autonómica llevada a cabo en el seno de la propia Administración, razón por la que ya se ha anunciado la conversión del actual Instituto Aragonés del Agua en una dirección general del agua dependiente del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Gestión transparente en el iaa

El Gobierno aragonés ha remarcado que la vocación actual del Instituto Aragonés del Agua es realizar una gestión absolutamente transparente. De ahí las reuniones que ya se han mantenido desde este con diversas entidades implicadas o interesadas en ella, incluida la Red Agua Pública de Aragón (RAPA). "El IAA sigue abierto para cualquier nuevo encuentro que le sea demandado".

Con este ICA, las Cortes de Aragón dotaron al Gobierno y a su Administración de recursos para cumplir con el mandato de promover el saneamiento y la depuración conforme al plan aragonés de saneamiento.

"Éste, orientado a conseguir el buen estado de los ecosistemas, contempla la depuración de las aguas de los núcleos con una carga contaminante superior a los 1000 habitantes equivalentes y debe ser ahora revisado con la participación de las entidades locales y de la ciudadanía y conforme a las prioridades que señalen los organismos de cuenca", ha concluido el Gobierno.