El máximo órgano de los jueces, el CGPJ, ha analizado 497 sentencias recientes de violencia machista dictadas por las Audiencias Provinciales para concluir "de forma contundente" que el número de denuncias falsas en delitos de esta naturaleza es "ciertamente insignificante". En concreto, en solo dos casos se acordó deducir testimonio contra la presunta víctima por entender que era falso, lo que supone un 0,4% de las sentencias analizadas.

El equipo de jueces que ha elaborado la investigación considera "puramente anecdótico" el asunto de las denuncias falsas. "Hay que tener en cuenta, además, que en uno de los casos el falso testimonio de la mujer se debió a su interés en exculpar a su marido", en un caso en el que precisamente un miembro de la Guardia Civil fue testigo de la agresión, añaden.

El máximo órgano judicial insiste en que no se puede equiparar "de ninguna de las maneras" la sentencia absolutoria con una denuncia falsa. En este sentido, de las casi 500 sentencias revisadas, casi una de cada cuatro (24,2%) terminó en absolución para el denunciado. Principalmente por motivos de falta de pruebas suficientes (40% de las absoluciones), la falta de pruebas absolutas (23,6%) y por la decisión de la víctima de no declarar contra su presunto agresor (11% de las absoluciones).

Los jueces ponen de manifiesto que les parece "mucho más preocupante" que las denuncias falsas "el número de mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, incluso que son muertas o asesinadas como consecuencia de esta violencia, sin llegar a presentar denuncia".

En este sentido, el máximo órgano de los jueces pide "una reforma legal que permita contemplar la medida de libertad vigilada "como medida cautelar a los presuntos agresores en el momento en que son denunciados y se les decreta la orden de alejamiento. Argumentan los magistrados que esto evitaría que el denunciado "pueda acabar con la vida de la víctima que le denunció".

Hasta ahora, el Código Penal prevé que los jueces puedan acordar esta medida cuando ya hay condena por violencia de género, pero el observatorio quiere que se pueda hacer desde el momento en que la mujer denuncia malos tratos.

Los jueces indican que "el mayor riesgo que sufren las víctimas radica en los momentos inmediatos de la denuncia, ya que el denunciado/agresor puede tener represalias contra la víctima y acabar con su vida, no aceptando o cumpliendo la orden de alejamiento que sin ningún componente de vigilancia paralelo se adopta, sino nada más que se notifica al denunciado para requerirle para que no se acerque a la denunciante".

Asimismo, piden al Ministerio del Interior un estudio sobre la libertad vigilada y los incumplimientos para garantizar tranquilidad a la víctima "cuando el penado abandona la prisión".

El Observatorio en este informe también detecta un aumento de la agravante de reincidencia respecto a un estudio anterior, de 2009, por lo que propone estudiar si están funcionando las medidas y programas de reeducación para los maltratadores.