La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha respaldado este miércoles una proposición no de ley que insta a la reforma del sistema de financiación autonómica, en cuyo debate todos los grupos de la cámara han coincidido en la necesidad de corregir urgentemente el modelo actual.

La iniciativa, planteada por el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, ha contado con el apoyo del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención de los partidos nacionalistas.

Quevedo ha señalado que el sistema aprobado en 2009 ha supuesto un retroceso para todas las comunidades, pero especialmente para Canarias que, según sus datos, pierde 600 millones de euros anuales para financiar sus servicios esenciales.

Ha calificado de "absolutamente injusto" el modelo y ha insistido en la pérdida de convergencia de su comunidad con respecto a la media.

"Perniciosa" y "pésima", ha añadido Miguel Barrachina, del PP, quien ha recalcado que el sistema vigente, aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sólo contó con la oposición de los populares.

Barrachina ha subrayado que el modelo es "muy injusto con Canarias, Valencia y el resto de comunidades autónomas". "Lo dijimos así, literalmente, y la respuesta fue la chanza", ha denunciado el diputado popular, que ha saludado "fervientemente" que el resto de grupos rechacen "ahora" el modelo.

El portavoz socialista en la comisión, Francisco Hernández Spínola, ha recordado que el sistema debería haber sido actualizado en 2014 y ha reprochado al PP que no lo haya hecho durante el mandato de Mariano Rajoy.

Ha dicho que el modelo de 2009 ha aumentado las desigualdades entre las distintas comunidades y ha resultado "pernicioso" para todas ellas, pero ha añadido que "sin duda, la peor financiada es Canarias", cuyo déficit anual ronda los 700 millones de euros.

"La reforma del sistema es inaplazable", ha urgido Hernández Spínola, en cuyo reproche al PP por no haberlo modificado durante su gobierno ha coincidido con Saúl Ramírez, de Ciudadanos, quien ha incidido en los inconvenientes de Canarias por su situación geográfica.

Al igual que María del Carmen Pita, de Podemos, que ha señalado la necesidad de que la reforma "urgente" del sistema garantice que las empresas privadas queden excluidas de la prestación de los servicios públicos esenciales, que deben estar "fuera de la ley de la oferta y la demanda".

Tanto los nacionalistas vascos como los catalanes se han abstenido, los del PNV por estar al margen de este sistema de financiación, mientras que los de DiL por considerar que de la propuesta se desprende un "cierto paternalismo" y que las comunidades autónomas son administraciones "de segunda", según ha dicho el diputado catalán Ferrán Bel.