Comisiones Obreras de Castilla y León ha exigido a la Junta la retirada del anteproyecto de ley por la que se regulan las garantías a aquellos funcionarios que denuncien casos de corrupción dentro de la Administración autonómica.

El sindicato presentó el pasado 3 de marzo de 2016 en el Registro de la Junta de Castilla y León las alegaciones por las que exigirá en la Mesa General de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León la retirada de dicho anteproyecto, al entender que obedece a una operación meramente cosmética que no da solución a las demandas y necesidades expresadas por los trabajadores y trabajadoras de la Junta.

El anteproyecto, a juicio de CCOO, trasmite "subliminalmente" que ahora existiese una cierta permisividad de los trabajadores y trabajadoras con el propio hecho de la corrupción y obvia que la principal y casi única responsabilidad se sitúa en el ámbito político, que es, en su opinión, donde se deberían adoptar medidas mucho más drásticas basadas en principios de ética y transparencia.

El anteproyecto propuesto, critica igualmente el sindicato, limita su ámbito de actuación a la Junta de Castilla y León cuando debería extenderse al conjunto de administraciones y sector público.

El principal instrumento propuesto en el anteproyecto, la ya existente Inspección General de Servicios, "genera una gran desconfianza", tras advertir de que el mencionado órgano "siempre ha estado supeditado a los intereses de las secretarías generales de las Consejerías, lo que le convierte en juez y parte".

Por otro lado, dada la materia que se intenta regular, CCOO entiende que cualquier solución pasaría por un órgano autónomo e independiente de la administración. La mayoría de las misiones encomendadas en el anteproyecto a la Inspección General de Servicios ya están apuntadas en el Decreto 13/2009 que regula la organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios, "lo que convierte la propuesta en redundante e innecesaria".

"Es significativo, y remarca la no utilidad del proyecto presentado, la limitación de las garantías de los presuntos denunciantes al no recoger aspectos tales como los salariales, la remoción en situaciones de provisión no definitivas o el espacio temporal de mantenimiento de las garantías, más allá del periodo de investigación", añade el sindicato.

En todo caso, CCOO califica de completamente inaceptable que a la sombra de un proyecto que pretender "blindar a los funcionarios" se cree un nuevo tipo disciplinario con el que no está en absoluto de acuerdo y que sería materia reservada para la negociación colectiva.