La comunidad autónoma de Extremadura contará con un Consejo Regional del Pueblo Gitano, un órgano de "participación y asesoramiento" que nace para representar los intereses de esta etnia ante el Ejecutivo extremeño.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto por el que se crea este Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura como "órgano colegiado de participación social y asesoramiento en las políticas públicas para el desarrollo y la promoción integral del pueblo gitano", y se regula su organización, composición y funcionamiento.

Con la aprobación de este decreto se "consolida e impulsa" la participación del pueblo gitano, a través de sus organizaciones, en la esferas política y social y en las instituciones públicas, dando así cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de la Inclusión Social de la Población Gitana y en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 9 de diciembre de 2013, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, la nueva regulación de este órgano consultivo y de participación del pueblo gitano responde, a su vez, a las "necesidades detectadas por la Administración autonómica y por las organizaciones del movimiento asociativo gitano".

Como órgano de participación social y asesoramiento, el Consejo será el "cauce para la participación social del pueblo gitano en la planificación, ejecución y evaluación" de las políticas públicas para el "desarrollo y promoción integral del pueblo gitano, recogiendo propuestas, iniciativas y medidas dirigidas a tal fin".

Asimismo, asesorará a las Administraciones Públicas, y en particular, a la Junta de Extremadura, en la planificación, ejecución y evaluación de esas políticas públicas y representará los intereses del pueblo gitano y sus organizaciones ante la Junta de Extremadura.

Ayudas a entidades de la discapacidad

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones a entidades públicas y privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad, para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas para el año 2016, por un importe de 6.618.954 euros.

Las entidades beneficiarias, para la realización de las actividades subvencionables, deberán presentar un programa o proyecto en el que se destallen los elementos materiales, personales y técnicos con los que pretenden sustentar su desarrollo.

Según señala el Ejecutivo regional, estos elementos deberán guardar una "coherencia y relación directa con la tipología y el número de usuarios a los que van dirigidos, así como el servicio que se les pretende prestar".

El importe de la subvención podrá alcanzar el 100 por ciento del coste total de realización de las actividades, sin que la cuantía individual máxima a otorgar a cada una de las entidades beneficiarias pueda exceder del 20 por ciento de los créditos disponibles en la convocatoria.