La jueza que lleva la instrucción de la causa sobre la denuncia contra el presidente de la Diputación de Ourense y del PP en esta provincia, José Manuel Baltar, ha desestimado los recursos de reforma presentados tanto por el político 'popular' como por la Fiscalía y ha añadido la condición de perjudicada por un delito de acoso sexual a la mujer que lo denunció por supuestamente haberle ofrecido un trabajo a cambio de sexo.

De esta forma, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha decidido mantener para el próximo 10 de marzo la declaración como investigados —la nueva denominación de imputados— tanto de la denunciante como del político del PP, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En el caso de Baltar, la jueza mantiene su citación en calidad de investigado por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias para el 10 de marzo a las 12,00 horas. Indica la jueza en el auto que la denuncia de la mujer relata en esencia unos hechos que se producen entre enero de 2010 y finales de 2012 y que consisten en diversas reuniones para ayudar a la denunciante en el ámbito laboral, promesa que presuntamente se mantiene durante el año 2012.

En concreto, Baltar Blanco empezó a presidir la Diputación de Ourense en febrero de 2012, tras la dimisión de su padre, al cual ya había sucedido al frente del PP de la provincia de Ourense, en enero de 2010.

La jueza sostiene que "el hecho de que en el momento del acuerdo aún no fuera posible precisar en qué consistía la acción u omisión no impide valorar como constitutivo de delito cualquier acto que tendiera a facilitar la obtención de un trabajo" por la denunciante.

"Entre esos actos se incluía omitir el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad o funcionario. Ello sin perjuicio en su caso de la calificación como delito de tráfico de influencias, dada la relación del denunciado con el presidente de la Diputación, que también se compromete a proporcionarle un trabajo", afirma la jueza sobre José Luis Baltar Pumar, quien fue condenado en firme a nueve años de inhabilitación por enchufar en la Diputación de Ourense a 104 personas en el año 2010.

DENUNCIADA

En relación a la denunciante, la jueza del número 3 de Ourense mantiene su declaración como investigada para el 10 de marzo a las 10,00 horas, pero añade la condición de perjudicada por un delito de acoso sexual.

La jueza introduce este cambio al estimar la alegación que la denunciante presentó en relación a la prestación de servicios en una oficina del PP y la posible relación de inferioridad por ser Baltar en aquel entonces "el jefe de la oficina, parlamentario gallego y vicepresidente de la Cámara". Contra de decisión de la jueza cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

Frente a estas acusaciones, el político del PP se ha limitado durante estos meses a afirmar que adoptaría una respuesta judicial y que buscaría "la contundencia de la ley". El caso acabó derivando en que los cuatro miembros que integraban el Comité de Ética de la Diputación de Ourense presentasen su dimisión a finales del mes de noviembre y en su acta argumentaron que Baltar remitió una respuesta con la que "defendiéndose, no admite, pero tampoco niega, la realidad de los hechos".