El concejal vigués y secretario provincial del PSOE en Pontevedra, Santos Héctor Rodríguez, ha comparecido este martes en calidad de investigado ante la titular del juzgado de instrucción número siete de Vigo, en el marco de la causa sobre el supuesto 'enchufe' de la cuñada de la presidenta de la Diputación pontevedresa, Carmela Silva, en una contrata del ayuntamiento olívico.

Según han informado fuentes jurídicas, el edil socialista negó haber recibido instrucciones para favorecer la contratación de Vanessa F.B. en la empresa Imesapi, e incluso alegó que no la conocía cuando entró en la nómina de esta concesionaria, encargada de gestionar los centros cívicos municipales.

Asimismo, ha negado que esos contratos con la empresa, firmados al margen del contrato de la concesión, tuvieran la finalidad de compensar económicamente a Imesapi por haber contratado a la familiar de Silva, como sospecha el juzgado.

Las mismas fuentes han indicado que la firma de varios contratos con esta empresa fue justificada por Santos Héctor Rodríguez como una "acción general" del gobierno local, que fue ejecutada por su concejalía.

Responsabilidad del jefe de área

Estos contratos, un total de 9, fueron suscritos entre 2008 y 2013, el mismo período en que Vanessa F.B. estuvo trabajando para Imesapi en la elaboración de unas encuestas de satisfacción a los usuarios de los centros cívicos. A la pregunta de por qué se suscribieron contratos menores de servicios y no un contrato más amplio, el concejal vigués ha atribuido esa decisión al funcionario jefe del área de Participación Ciudadana, Francisco G.O., también investigado en este procedimiento.

Santos Héctor Rodríguez ha respondido sólo a preguntas de la jueza (la Fiscalía no estuvo presente en el interrogatorio) y así lo ha confirmado en una breve comparecencia ante los medios a su salida del juzgado, en la que no ha querido detallar nada acerca de su declaración y se ha limitado a proclamar que confía en la Justicia.

"INSTRUCCIONES"

Las declaraciones realizadas este martes por Santos Héctor Rodríguez en el juzgado contrastan, en algunos puntos, con las realizadas en su día por dos responsables de Imesapi, que declararon en el marco de esta investigación como testigos.

Así, los responsables de la empresa llegaron a admitir que les llegó una "instrucción" del Ayuntamiento de Vigo para contratar a Vanesa F.B. y, aunque no llegaron a precisar de quién procedía dicha instrucción, sí señalaron que era Francisco G.O. el que les explicaba cómo debían facturar esos "trabajos adicionales".

El gerente de Imesapi señaló en su declaración que la cuñada de Carmela Silva (de quien dijo que solo conoció sus vínculos familiares más tarde) fue contratada para una sustitución temporal en un centro cívico y que, al finalizar ese contrato, se les pidió "que se quedara". Asimismo, admitió que, dado que el beneficio de la empresa en esa concesión era "muy justita", sería compensada por el Ayuntamiento con esos contratos menores.

Finalmente, pese a que Vanessa F.B. explicó (cuando declaró como imputada) que su labor era hacer encuestas y que los informes y análisis de las mismas eran elaborados por Imesapi, los responsables de la concesionaria han negado haber hecho ese trabajo.

XUNTOS

Este procedimiento se inició a instancias de la Fiscalía, tras una denuncia presentada por la Plataforma Xuntos, que mantiene que la concesionaria Imesapi contrató a la familiar de Silva por indicaciones de responsables municipales. Asimismo, sostiene que la mujer estuvo 5 años en la nómina de esta contrata, a pesar de que solo acudió a su puesto de trabajo unas pocas semanas.

En su día, tanto el jefe de área de Participación Ciudadana y Empleo, como los interventores municipales (que estuvieron imputados y respecto de los cuales se sobreseyó provisionalmente la causa) , negaron haber cometido ninguna irregularidad para favorecer la contratación de Vanessa F.B., y atribuyeron a la empresa toda la responsabilidad sobre la gente a la que contrata y el tipo de contrato que le hace.

Esta plataforma ciudadana ha mostrado este martes su "indignación" por la ausencia de la Fiscalía en la declaración de Santos Héctor Rodríguez, y ha manifestado sus sospechas de que pueda haber un pacto para que recaiga toda la responsabilidad de lo ocurrido en el funcionario investigado, sin más consecuencias políticas.

El que "realmente" autorizaba

En el auto del juzgado en el que se citó a Santos Héctor Rodríguez se sostiene que los contratos menores "tenían como verdadera función o finalidad compensar a esta empresa por los costes derivados de la contratación como trabajadora de María Vanessa F.B.".

Asimismo, precisa que es "evidente" que Francisco G.O. informaba favorablemente o proponía la contratación, y que quien "realmente" autorizaba y resolvía los contratos era el concejal correspondiente, es decir, Santos Héctor Rodríguez.