El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Renta Social Básica, que según ha estimado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, beneficiará a unas 14.000 familias. Este texto será remitido de inmediato a las Cortes autonómicas y el Ejecutivo espera que entre en vigor antes de que finalice el año.

Broto ha señalado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el objetivo de esta ley es garantizar una cuantía económica a aquellas personas con carencia de patrimonio e ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades mínimas "con dignidad".

El proyecto establece dos modalidades de Renta Social Básica, una de ellas, la complementaria, está destinada a unidades familiares donde los ingresos por trabajo "son tan escasos por la precariedad que no pueden vivir", ha dicho Broto.

Según ha precisado, esta prestación complementará tendrá una cuantía que, sumada al salario, alcanzará los 622,44 euros mensuales para una familia de dos miembros, cifra que podría incrementarse hasta los 653,48 en el caso de otorgarse otros apoyos, como la financiación de la vivienda.

La otra modalidad de Renta Social Básica es la de inclusión y protección social. En este caso, habrá dos tipos, aquella en la que el beneficiario no quiera someterse a un proceso de inclusión, en cuyo caso recibirá entre 217,44 y 260,93 euros al mes, estimación hecha para un individuo, y en la que sí lo haga, que en una unidad familiar con dos miembros oscilará entre los 556,92 y los 753,48 euros.

Broto ha aclarado que estos perfiles de prestación progresivos persiguen incentivar el esfuerzo de integración de los beneficiarios, de forma que "a más esfuerzo, mayor cuantía de ayuda" y así no desincentivar la incorporación al mercado de trabajo.

CRITERIOS

El Gobierno de Aragón ha precisado que estas cantidades se han fijado, en el caso de la renta complementaria al trabajo, en relación con el Salario Mínimo Interprofesional —establecido en 655 euros al mes—, de forma que se percibirá entre un 80 y un 115 por ciento del mismo dependiendo de los ingresos de la unidad de convivencia y de los miembros que la componen.

Para otra modalidad de prestación, en el caso de que sí haya un acuerdo de inclusión también se tiene en cuenta el Salario Mínimo Interprofesional, con un ingreso máximo de entre el 70 y 105 por ciento, procesos en los que tendrán un papel destacado las entidades sociales que, a través de contratos, incluirán en sus itinerarios ya consolidados a aquellos beneficiarios de esta renta que opten por los procesos de inclusión.

Para quienes no quieran voluntariamente participar en un proceso de inclusión, la prestación se calculará en relación al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual —que son 532,5 euros—, entre el 35 y el 60 por ciento del mismo.

Algunos de los requisitos para ser beneficiario son llevar al menos un año empadronado en Aragón, no tener recursos, como ahorros y otros bienes, y no llegar a la renta mínima.

COMPROMISO

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha subrayado que el texto de este proyecto de ley "ha sido objeto de un amplio proceso participativo y supone cumplir con un compromiso de Gobierno" de la Comunidad, para resaltar que se establece un derecho "básico, subjetivo y de ciudadanía".

También ha recordado que la Renta Social Básica sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción, que atiende en estos momentos en torno a 6.600 familias, y a las Ayudas de Integración Familiar. El presupuesto estimado para este año es de 37 millones de euros.

Broto ha opinado que esta nueva prestación, que ha aclarado que se ciñe a las competencias recogías en el Estatuto de Autonomía, contribuirá "a una sociedad más segura, a acabar con la pobreza infantil, y a evitar su cronificación en determinados sectores de la sociedad", algo que "impide que esta avance".

Igualmente, ha recalcado que se trata de "dar respuesta a las nuevas desigualdades y perfiles de pobreza" que han surgido a raíz de la crisis económica, para apuntar que si en 2007 eran 600 las personas que recibía el Ingreso Aragonés de Inserción, ahora son 6.600.

La consejera ha indicado que aprobar este proyecto supone llevar a cabo con uno de los compromisos de investidura del presidente de la Comunidad, Javier Lambán, así como cumplir con el Estatuto, con la ley de Servicios Sociales de Aragón y "evitar que haya aragoneses que se queden por el camino", a quienes hay que apoyar para que vivan "con dignidad" y también para darles "una segunda oportunidad" para encontrar trabajo.

Seis meses

Broto ha explicado que una vez se apruebe la ley habrá un periodo de seis meses hasta que entre en vigor con el objetivo de disponer de tiempo para desarrollar los decretos vinculados a la misma y ha aclarado que su aplicación será "compleja" y requiere de acuerdos con entidades locales y sociales, así como medios y recursos.

Igualmente, ha apuntado que habrá que disponer de un programa informático para la gestión de la misma por lo que ha considerado necesario disponer de ese periodo para implementarla, mientras que "sería un error si la rapidez nos hiciera no aplicarla con efectividad".

Por otra parte, ha estimado que este va a ser el texto legislativo en materia de Servicios Sociales más importante que se tramite esta legislatura en las Cortes de Aragón y supone una "transformación" del modelo actual.

Por eso, tras expresar su respeto por la autonomía del poder legislativo, ha opinado que se debería tramitar individualmente y no con otros textos que ya están en el Parlamento relacionados también con medidas para atender la emergencia social.

La consejera ha precisado que ya están trabajando en los decretos, para incidir en que si bien las Cortes son "soberanas", espera que "en poco tiempo sea aprobada" la nueva ley y puedan comenzar a aplicarse antes de final de este año.