La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a Juan Pedro Hernandez Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE y al exdirector general de la caja Ildefonso Ortega como coautores de un delito societario de falsedad contable con el que encubrieron las pérdidas millonarias de la entidad en 2008.

El juez central de lo penal, José María Vázquez Honrubia, les absuelve del delito societario de administración fraudulenta, del que Moltó y Ortega también estaban acusados.

En la sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso, se establece que Moltó y Ortega quedan inhabilitados para ejercer cargos de administración o dirección de cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante los dos años que dura condena y se les impone una multa de 29.970 euros a cada uno.

Además, se les obliga a satisfacer la mitad de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros.

El juez considera probado que mientras CCM atravesaba una situación de falta de liquidez "debida en gran parte al deficiente control en la gestión del riesgo", Moltó y Ortega utilizaron una "maniobra contable" para que las cuentas de la entidad reflejaran beneficios en lugar de pérdidas.

Según  Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".

En concreto, el juez señala que ambos "utilizaron un ardid contable" para tapar "unas pérdidas que se podrían denominar galopantes" relativas a valores cotizados.

En opinión el juez, las cuentas eran falsas "al no haber existido jamás un beneficio de 93 millones de euros". No obstante, también considera que no existe "la certeza" de que el vaciamiento de la caja se debiera a una "acción voluntariamente intencional" de los acusados.

Lo que resulta claro para el juez es que ambos acusados son coautores puesto que realizaron todo "conjuntamente y de mutuo acuerdo". Aunque no hay duda de que fue Ortega quien configuró el artificio contable, ello no exime de responsabilidad a Hernández Moltó, quien asumió dicho artificio en su condición de presidente y representante de la caja.

También destaca que tanto Hernández Moltó como Ortega sabían que el Banco de España consideraba la entidad como "no viable", por lo que todo el "calendario" fijado por ambos para la gestión de la caja carecía de sentido.

Asimismo, el juez señala que los créditos concedidos por CCM lo fueron sin observar las prácticas bancarias habituales y advirtiéndose "en principio cierto trato de favor" en algunos casos, ya que ciertos préstamos resultaron total o parcialmente impagados.

En cambio, el juez considera no probado que Moltó y Ortega concedieran o refinanciaran créditos a sabiendas de que causaban un perjuicio a CCM o que dispisueran mediante engaño de los bienes de la sociedad. Tampoco considera probado que los acusados obtivueran algún tipo de beneficio personal con las operaciones antes nombradas.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

La Asociación de usuarios de bancos y cajas (Adicae), ha valorado que la condena de dos años a los exdirectivos de CCM supone "un incentivo para el fraude" ya que no garantiza su entrada en prisión debido a que las penas de hasta dos años de carcel en personas que no tienen antecedentes suelen saldarse sin el ingreso en prisión de la persona condenada.

En un comunicado remitido hoy la asociación, que pedía cinco años de prisión para ambos como acusación particular, ha lamentado la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional. La asociación considera que esta condena "no solo valida la desastrosa gestión de los acusados, sino que da carpetazo al fraude" y considera que este ha sido un "juicio-farsa".