El exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) Jorge Vela ha defendido este miércoles la legalidad de los convenios de colaboración por 3,1 millones de euros con el Instituto Nóos, que tuvieron el aval de auditorías externas y "la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas".

"Cacsa tenía auditoría a través de la intervención de la Comunidad Valenciana (que realizaban firmas internacionales) y se sometía a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas", que solo apreció problemas "formales" en el empleo de la fórmula del "patrocinio" para financiar los foros sobre deporte Valencia Summit, que se realizaron en 2004, 2005 y 2006.

El ex alto cargo, que ha abierto la séptima jornada del juicio del caso Nóos, en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras 16 personas, ha asegurado este miércoles que el acuerdo con Nóos "era un convenio más" de los muchos que realizó la entidad y no tenía que someterse a la ley de contratos públicos.

Vela ha señalado que Cacsa estaba eximida de cumplir las reglas de contratación pública en el "patrocinio" de esos foros porque "es de la administración pero no es administración" y se rige a efectos contractuales por la normativa de derecho privado.

El acusado, que se enfrenta a peticiones de pena de entre 6 y 11 años de prisión por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ha respondido solo a las preguntas de los abogados defensores de los otros acusados de la "rama valenciana" del caso Nóos y se ha negado a contestar a la acusación particular ejercida por la Abogacía de la Generalitat Valenciana.

El martes comenzó su declaración respondiendo a las preguntas de la Fiscalía en un tono que este miércoles la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha pedido que "modere" y rehusó contestar al letrado de la acusación popular del grupo municipal socialista de Valencia.

En las dos horas durante las que ha declarado este miércoles, sin tener que responder a ninguna pregunta incriminatoria, Vela ha hecho hincapié en que en "desde el minuto uno" de su incorporación a Cacsa (2005 en sustitución del también acusado José Manuel Aguilar) se le transmitió que la entidad de titularidad pública no tenía que atender los principios de concurrencia y publicidad propios de la contratación por parte de las administraciones.

"¿Qué elementos negativos tenía para no firmar?" las adendas por las que se prorrogó en 2005 y 2006 el convenio de colaboración firmado en 2004 con la asociación sin ánimo de lucro impulsada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres. "Lo contrario hubiera sido lo que no había que hacer", ha apostillado.

Ha reiterado que la continuidad de unos foros que estaban englobados en las acciones promocionales de la Copa América que se celebró en 2007 fue una decisión del consejo de administración de Cacsa, que él compartía y que se realizó sin informes jurídicos ni económicos específicos porque no eran necesarios.

Por su parte, la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Elisa Maldonado ha manifestado, en contra de lo que declaró en fase de instrucción, que los convenios firmados con el Instituto Nóos no requerían estar avalados por informes técnicos y jurídicos puesto que no se sometían a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

"En absoluto eran necesarios puesto que los convenios se firmaron en el ámbito privado", ha remarcado Maldonado a preguntas de la fiscal anticorrupción Ana Lamas. Ha negado que el informe que elaboró en 2005 presuntamente para encubrir la ilegalidad del convenio rubricado para la primera edición del Summit, llevada a cabo en 2004, fuese para "vestir el santo" y dar apariencia de licitud a la primera contratación.

"¿No era para vestir el santo, como dijo en declaración policial?", le ha espetado Lamas, a lo que la inculpada le ha respondido: "Yo no dije eso".

Pese a que Maldonado reconoció ante el juez José Castro que, efectivamente, manipuló el informe técnico del Summit "por orden" de Vela, la acusada ha señalado ante el tribunal que no se trataba de un informe dirigido a justificar la necesidad del convenio, sino que lo que el exdirector gerente le pidió fue la elaboración de un documento que explicara "los resultados del Valencia Summit de 2004 y las posibilidades del de 2005".

"No se trata de informes que se elaboren porque sí, sino que valoran una decisión estratégica de la empresa [en alusión a Cacsa] y recaban información acerca de los objetivos y resultados de una accion de patrocinio a efectos de informar a terceros, como podía ser el Tribunal de Cuentas", ha incidido.

Por otro lado, el director de la Ciudad de las Artes en 2004, José Manuel Aguilar, ha asegurado que no hizo "ninguna comprobación" sobre la solvencia de la asociación impulsada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

"No nos lanzábamos a la piscina", ha declarado no obstante Aguilar, y ha sostenido ante la Fiscalía que decidió que "patrocinar" los foros Valencia Summit era interesante para Cacsa, sin saber que uno de sus promotores era el esposo de la infanta Cristina.

Según sus explicaciones, la forma "profesional" de actuar por parte de Nóos, el aval de la experimentada Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau (que copatrocinó el evento) y el respaldo del departamento de comunicación de su propia organización eran razones de peso para confiar en el proyecto que había presentado Torres sin necesidad de un informe que evalúe su experiencia previa.

Para firmar el convenio que supuso la aportación de 1,5 millones por parte de Cacsa por la organización de tres ediciones del Valencia Summit (2004, 2005 y 2006) tampoco era preciso un informe jurídico de la idoneidad de la fórmula contractual elegida, exenta de las normas de contratación pública, ha añadido.