La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Andalucía (Adepa) ha formulado un recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Sevilla, reclamando la revocación de la licencia de obras concedida al proyecto diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, para remozar las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), y transformarlas en un nuevo centro cultural.

En su recurso de alzada, recogido por Europa Press, Adepa considera que la citada licencia de obras, concedida tras cosechar el proyecto el aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, "no se ajusta a derecho", porque el proyecto en cuestión "vulnera frontalmente la normativa de aplicación". Y es que según Adepa, sobre el monumento pesa el plan especial de protección del sector Arenal del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla y aunque el mismo "prohíbe" los usos de hostelería en los monumentos protegidos, el proyecto contempla "una cafetería con una terraza de unos 1.000 metros cuadrados".

Además, el proyecto "no preserva en absoluto las características arquitectónicas del edificio al no respetar la escala, las dimensiones ni la totalidad de sus elementos, como las pilastras o las cubiertas", pues en el nuevo diseño "se reforman y reconstruyen dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado". Todo ello cuando en el nuevo diseño "se niega la que debería ser principal finalidad de las obras según el plan especial, la recuperación de la cota original del edificio".

Igualmente, señala el recurso de alzada la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico". "Van a cimentar destruyendo una parte del sustrato arqueológico", denuncia Adepa, que detecta además una vulneración del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla de 2006, que determina la conservación "integral" de los edificios catalogados con la protección de la que goza este monumento.

El nuevo diseño, que sustituye al pergeñado también por Vázquez Consuegra para la creación de un espacio cultural Caixaforum en el monumento, enclavado en pleno casco histórico de Sevilla, plantea mantener libre de uso el espacio medieval de la planta baja, el sistema estructural de las primitivas atarazanas mudéjares, así como abrir el espacio hacia la calle Dos de Mayo, como una posibilidad más respecto al actual sistema de acceso.

Asimismo, se consagra como sala principal de exposiciones la primera planta del edificio de cabecera, construido como Maestranza de Artillería por Carlos III a finales del siglo XVIII. Por último, este proyecto rechazado por los colectivos conservacionistas, que lo tachan incluso de "crimen patrimonial", concentra los nuevos usos en la planta alta de las naves, donde "es más viable la intervención arquitectónica y hacia donde el edificio ha crecido en tiempos recientes".

Las atarazanas

La Junta de Andalucía, como es sabido, acordó en 2008 con la Fundación La Caixa la cesión durante 75 años del antiguo recinto de las Reales Atarazanas, de titularidad autonómica y declaradas Bien de Interés Cultural, al objeto de que la entidad bancaria rehabilitase el monumento y crease allí un nuevo espacio cultural Caixaforum. A tal efecto, La Caixa encargó al arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra que diseñase la necesaria propuesta de intervención en el monumento. El proyecto de Vázquez Consuegra implicaba una inversión de 25 millones de euros para la restauración y adaptación del monumento.

Pero finalmente, la Fundación La Caixa decidió en 2012 no materializar en las Reales Atarazanas su proyecto de centro cultural Caixaforum. Tras no prosperar la iniciativa en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, que reclamaba para la actuación un plan especial que la Junta de Andalucía creía innecesario pese a figurar en el planeamiento urbano, la entidad bancaria resolvió instalar su centro cultural en el complejo de la torre de 178 metros de altura que, desde hace años, promovía en el sector sur de la Isla de la Cartuja la caja de ahorros Cajasol, fagocitada entonces por Caixabank.

Tras la decisión de la Fundación La Caixa, seguida de un intenso debate público y político, la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa y la Fundación Cajasol, heredera de la antigua caja de ahorros, comenzaron a negociar un nuevo acuerdo marco para el destino este espacio monumental, en unos términos según los cuales el Gobierno andaluz invertiría unos 1,2 millones de euros al año en el monumento y La Caixa destinaría unos diez millones de euros para la rehabilitación y recuperación integral el antiguo astillero, aportando la Fundación Cajasol 200.000 euros anuales, si bien finalmente la participación de la Fundación Cajasol ha quedado fijada en 400.000 euros.

Nuevo proyecto

En junio de 2014, de cualquier modo, La Caixa y la Fundación Cajasol presentaron una nueva solicitud de concesión para el aprovechamiento de este espacio, con una primera fase consistente en la de las obras de reforma, rehabilitación y adaptación del inmueble, que llevará a cabo la Fundación La Caixa; y una segunda fase relativa a la posterior implantación, gestión y explotación como centro cultural, así como el mantenimiento y la conservación del inmueble, que será ejecutado por la Fundación Cajasol. En septiembre de ese año, así, la Consejería de Cultura acordó otorgar a La Caixa la concesión para la rehabilitación y implantación de un centro cultural de divulgación científica, técnica, artística y cultural en el edificio de las Reales Atarazanas de Sevilla.

Ya en diciembre de 2014 fue firmado el convenio definitivo de colaboración entre la Junta y la Fundación Cajasol, para la realización de actividades en el espacio, lo que establecía las bases de una colaboración a fin de desarrollar las actuaciones y objetivos previstos en el plan de explotación, a través de sucesivos programas anuales. En este plan se establecerán y concretarán los futuros compromisos de inversión o gasto para ambas entidades.

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