El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está estudiando las diferentes opciones que tiene para hacer frente al pago de los 7,2 millones de euros que una sentencia obliga a abonar a Emalsa por el impago de las facturas de entre enero de 2013 y abril de 2014 correspondientes al servicio de saneamiento, así como la conveniencia de recurrir la misma para evitar que el pago suba a los 18 millones si la empresa reclama los tres años de impagos.

Así lo manifestó este jueves el concejal de Aguas y Alumbrado, Roberto Santana, durante una rueda de prensa en la que hizo especial hincapié en que el Consistorio actuará siempre siguiendo el interés general para que los ciudadanos de la capital no tengan que pagar más dinero.

"Queda pendiente todavía el pago desde mayo de 2014 hasta noviembre de 2015, con lo cual ese agujero de 7,2 millones que el Ayuntamiento tiene que satisfacer actualmente por sentencia, hay que sumarlo a la parte que todavía está sin pagar. Estamos hablando, con intereses, sobre los 18 millones de euros", dijo.

El edil se mostró "bastante preocupado" por los intereses que habría que abonar debido a la "mala gestión" del grupo de gobierno anterior, cantidades que ascenderían entre los 1,5 y 2 millones de euros por los tres años en los que no se pagaron las facturas de Emalsa.

Santana expuso que la anterior Corporación tuvo que haber resuelto el problema de justificar adecuadamente los pagos de las facturas y reiteró que el Ayuntamiento, en base al contrato de 1998, está obligado a abonar el servicio de la empresa concesionaria en los términos que se establecen en el mismo, tal y como recoge la propia decisión judicial.

Por otra parte, indicó que la sentencia es "parcial" porque deja una "puerta abierta" al no estimar el primer punto de Emalsa en su recurso, que era que el Ayuntamiento le reconozca el pago de las facturas sin que el Consistorio le pueda obligar a aportar más información sobre el servicio que el que recoge el propio contrato de 1998.

"vamos a ver si recurrir nos va a costar más dinero"

Cuestionado sobre posibles recursos, el concejal explicó que existe la posibilidad, aunque aún se está estudiando esta opción, que dependerá, en todo caso, de los intereses del Ayuntamiento y de los ciudadanos. "Vamos a ver —continuó— si recurrir es gravoso o nos va a costar más dinero y si hay o no motivos, pero eso se decidirá en los próximos días".

Mientras, insistió en que el juzgado no entiende cómo se venían pagando las facturas de forma regular y que se dejara de hacer desde enero de 2013, añadiendo que la razón que hubo entonces para no abonarlas era porque el responsable del servicio entendía que la empresa no estaba justificando los servicios que prestaba adecuadamente.

Aquí, lamentó que se haya judicializado un proceso que se tenía que haber resuelto entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento, algo que hubiera sido "lo lógico", puesto que el contrato de 1998 no dice exactamente cómo había que justificar el servicio, tan sólo habla de los metros cúbicos suministrados.