El instructor del caso Imelsa ha comenzado a interrogar a ocho de los veinticuatro detenidos en la vasta operación anticorrupción abierta contra una supuesta red de amaño de contratos en administraciones públicas valencianas a la que por ahora, según han insistido desde el PP, es ajena Rita Barberá.

La exalcaldesa de Valencia es desde ayer uno de los focos adonde se dirigen las valoraciones políticas de un posible gran caso de corrupción que comenzó en una empresa pública de la Diputación de Valencia y que salpica ya áreas de la Generalitat, ayuntamientos, empresas y fundaciones.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha sido el primero en salir hoy en defensa de Barberá y, también, del diputado nacional por Alicante y exconseller Gerardo Camps.

Ninguno de ellos, según Rajoy, ha sido llamado a declarar ni ha sido detenido, por lo que hasta el momento "estas personas están absolutamente limpias".

"No se hacen distingos entre personas. No me consta que a Rita Barberá se le acuse de algo. No está acusada de nada, ni nadie la ha llamado a declarar en ninguna condición", ha insistido.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha dicho que el partido, "a fecha de hoy", no tiene constancia de que haya una investigación o "incriminación" contra Barberá ni contra Camps por Imelsa, por lo que no se les pedirá que renuncien a sus respectivas actas como parlamentarios.

También se ha referido a ella el senador del PP y expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, para quien al final de la investigación judicial "se podrá comprobar que Rita Barberá no es la jefa, ni muchísimo menos".

Y la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, ha subrayado que cree en la "honestidad" de la exalcaldesa de Valencia.

El portavoz valenciano de Podemos, Antonio Montiel, ha pedido su comparecencia en Les Corts para que explique "de qué manera su presunta vinculación" en el caso "afecta al ejercicio de su cargo" de senadora territorial, y recuerda que en la causa aparecen implicadas personas vinculadas a Barberá en su etapa como alcaldesa y ella fue "quien las nombró".

Ciudadanos ha exigido crear urgentemente una comisión de investigación en el Ayuntamiento y Compromís ha hecho lo mismo pero a nivel parlamentario para delimitar las responsabilidades políticas, "incluyendo una presunta financiación ilegal" del PP, y aclarar el posible sobrecoste para las arcas públicas de las contrataciones investigadas.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha acusado al PP de conocer "al menos desde hace dos años" una parte de la supuesta trama de corrupción desde Imelsa y ha asegurado que este caso "sí que influye" en el futuro del gobierno de España.

La Diputación de Valencia, que estudia personarse como acusación en esta causa, ha anunciado que todos los correos electrónicos que se encontraban en los servidores informáticos de Imelsa y que pudieran referirse a alguna actividad delictiva fueron entregados a la Guardia Civil tras la auditoría realizada en agosto en esta firma por orden del nuevo equipo de gobierno.

El instructor del caso Imelsa ha decretado libertad provisional para los siete detenidos que han declarado desde esta tarde por la operación anticorrupción por amaño de contratos en la Comunitat Valenciana.

A cuatro de ellos, el juez les ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 ha acordado asimismo dejar en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster, para quien el fiscal ha pedido prisión.

Los siete detenidos, ya en libertad, mantienen la condición de investigados (figura que sustituye a la de imputados en la nueva ley de enjuiciamiento criminal) por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias.

Entre ellos se encuentra el empresario Mariano López Sáncho, la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa y exsuegro del exgerente de esa empresa pública Marcos Benavent, también investigado en la misma.

También han sido interrogados el ex secretario autonómico y exdiputado del PP en Les Corts, David Serra, la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicent Burgos, exmarido de la exconcejala del PP María José Alcón, en libertad desde anoche con cargos y con una fianza de 150.000 euros.

Además, han pasado a disposición judicial dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Serra ha señalado: "Ha ido bien, estoy en libertad sin ninguna medida cautelar", antes de abandonar el lugar solo mientras su mujer le esperaba en un taxi en la puerta del juzgado de guardia.

Burgos también se ha limitado a decir a los medios que quedaba libre.

Una ambulancia del SAMU se ha personado en las instalaciones judiciales para atender, al parecer, a un agente de la UCO de la Guardia Civil que ha sufrido un desvanecimiento debido a la fuerte carga de trabajo de los últimos días.

Está previsto que tras esta tanda de siete detenidos, otros seis, cuyas identidades se desconocen, comparezcan ante el juez en los próximos minutos tras ser trasladados desde dependencias de la Guardia Civil.