España mantiene su aprobado, pero empeora su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015 publicado este miércoles por la ONG Transparencia Internacional (TI), que destaca que más de un tercio de los 168 países evaluados suspenden en una escala donde el cero refleja altos niveles de corrupción y el 100, la transparencia absoluta.

De acuerdo con el informe, España se sitúa en el puesto 36 tras obtener 58 puntos, dos menos que en 2014. Con estos datos, desciende una posición respecto al ejercicio del año anterior y, además, obtiene el peor resultado desde 2012. Los Índices de Percepción de la Corrupción, que se basan en estudios comparativos de diversas instituciones y organizaciones que analizan la opinión del sector privado sobre la corrupción en el sector público, comenzaron a realizarse en 1995 pero sólo son comparables los estudios que se realizaron a partir del 2012, año en el que se cambió la metodología.

España se encuentra, junto a Libia, Australia, Brasil y Turquía, entre los países que han sufrido un mayor descenso de sus posiciones en los últimos cuatro años. En el lado opuesto, Grecia, Senegal y Reino Unido son los que han mostrado mejoras más sustanciales en ese mismo periodo.

Dinamarca repite por segundo año consecutivo como ejemplo de transparencia mundial con 91 puntos y se sitúa así en el primer lugar de la clasificación, seguida de Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania, que comparte la décima posición con Luxemburgo y el Reino Unido.

A la cola, con 8 puntos y como los países más corruptos, se sitúan Somalia y Corea del Norte, precedidos por Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Angola, Libia, Irak y Venezuela, empatada con Guinea Bissau y Haití en el puesto 158 de la lista.

La directora para Europa y Asia Central de TI, Anne Koch, considera que, a pesar de las mejoras puntuales, el panorama de la región muestra un claro "estancamiento", e insiste en que "el deterioro en países como Hungría, Macedonia, España y Turquía es muy preocupante", ya que durante unos años mostraron signos de cambio positivo . "Ahora vemos que la corrupción crece, mientras que se reducen los espacios de la sociedad civil y la democracia", asegura.

En ese grupo, España (con 58 puntos) y Hungría (con 51) defienden el aprobado, mientras que Macedonia y Turquía comparten el puesto 66 del índice con 42 puntos cada uno.

En el marco de Europa, donde España se sitúa en el puesto 18, sólo cuatro países -Grecia, Rumania, Italia y Bulgaria- suspenden. Por debajo de los 58 puntos de España, quedan Croacia, Hungría, Eslovenia y las potencias que no alcanzan el aprobado.

Dinamarca, Finlancia, Suecia, Nueva Zelanda y Noruega son los cinco países más transparentes del mundo, mientras que en el marco europeo, Países Bajos y Alemania escalan posiciones y se sitúan en el cuarto y quinto escalafón.

Sólo tres -Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco- de las diecisiete comunidades autónomas españolas cumplen con la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP).

Dicho informe, realizado en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, refleja asimismo que el 74% de los ayuntamientos tampoco lo hacen, ni tres de cada cuatro parlamentos autonómicos.

Para el presidente de TI España, Jesús Lizcano, es significativo que ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia incumplan este mandato legal (recogido en la ley de garantía de la unidad de mercado de 2013).

En el caso de los 110 mayores ayuntamientos de España, únicamente 29 cumplen la ley: Algeciras, Ávila, Avilés, Badalona, Barakaldo, Cornellà de Llobregat, Cuenca, Elche, Fuengirola, Gijón, Girona, Granada, Jerez de la Frontera, Logroño, Lorca, Málaga, Manresa, Mataró, Oviedo, Pontevedra, Roquetas de Mar, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugas Vallés, Santa Coloma Gramenet, Soria, Talavera de la Reina, Tarragona y Teruel.

En cuanto a los parlamentos, cumplen la ley los de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y Murcia, y tampoco lo hacen ni el Congreso ni el Senado. A la vista de los datos, TI España ha instado hoy a todas las instituciones públicas a cumplir en el "menor breve plazo posible" esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo las entidades públicas se encuentra centralizada y a disposición de todos, con el fin de aumentar la transparencia y prevenir la corrupción.