El Grupo Socialista de la Diputación de Sevilla propondrá al Pleno adoptar acuerdos para el apoyo y reconocimiento a los ocho sindicalistas de Airbus, "defendiendo el derecho de huelga y el resto de los derechos de los trabajadores", además de instar al Gobierno de España a promover la retirada de todos los cargos contra ellos.

Según la propuesta firmada por la portavoz del PSOE de la institución provincial, Trinidad Argota Castro, y recogido por Europa Press, se pide "apoyar" a los citados sindicalistas en "la confianza de su honradez, reconociendo su larga labor a lo largo de los años, la cual ha reportado beneficios para el conjunto de los trabajadores y para la empresa".

En este escrito del grupo socialista, a propuesta de CCOO, se pide a la Diputación Provincial, además, "seguir defendiendo el derecho de huelga y el resto de los derechos de los trabajadores, así como la libertad de expresión de los ciudadanos", por lo que se insta al Gobierno central a promover la retirada de todos los cargos contra las personas sindicalistas que, como en este caso, sean juzgados por el artículo 315.3 del Código Penal.

En esta misma línea, el PSOE ha añadido en esta propuesta que se adopten cuantas iniciativas legislativas sean necesarias a fin de corregir esta situación, entre ellas la derogación del citado artículo, "en defensa de la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho".

El PSOE ha señalado que esta propuesta "lo más seguro que genere unanimidad", pues, los ocho sindicalistas de Airbus que están encausados, se enfrentan a un juicio entre el 9 y el 12 de febrero, "como si de delincuentes se tratase, acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y por el ejercicio de huelga, pidiendo para cada uno de ellos penas de prisión de ocho años y tres meses", añade.

"El ejercicio del derecho de huelga, cuya consideración como derecho fundamental no podemos obviar, ha sido y es ejemplarmente democrático y pacífico durante las más de tres décadas donde se ha llevado a efecto y en múltiples ocasiones, siempre bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de empresa", a juicio del grupo socialista.

El reconocimiento de este derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses "no es exclusivo de nuestro ordenamiento jurídico", pues según apunta el PSOE, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE) "lo incluye expresamente"; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas "lo garantiza", y así "múltiples tratados y pactos internacionales que reconocen el derecho a la huelga como un derecho fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones".

El Grupo Socialista ha asegurado que desde la proclamación de la Constitución Española se han atravesado ya tres crisis económicas y "duros procesos de reconversión industrial", y el ejercicio de dicho derecho se ha caracterizado por "un uso responsable y sin que se hayan derivado actuaciones penales precisamente frente a los que ejercen dicho derecho".

"La utilización del artículo 315.3 del Código Penal resulta injustificada y desproporcionada", por lo que sitúan el derecho de huelga "en el siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido", apunta el PSOE. La participación en piquetes informativos es, a su juicio, un derecho reconocido en nuestra legislación, "no un delito" y la mera identificación de los trabajadores que en él participen "no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión".

Finalmente, "más de 300 personas han sido encausadas. En numerosos de los casos juzgados solamente se identifica a las personas porque se identificaron motu propio como en el caso de Airbus", concluye.