El PSOE ha presentado una proposición no de ley para abordar de "forma inmediata" la reforma de la financiación autonómica. La diputada nacional, Puerto Gallego, considera "imprescindible" esta ley para Cantabria, para "que financie el coste real de las competencias que tenemos asumidas".

En la iniciativa, el PSOE pide que se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para la elaboración del borrador de anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como proyecto de ley, y su debate y tramitación en las Cortes Generales.

Para la diputada nacional del PSOE por Cantabria, Puerto Gallego, "la demora injustificada" en la aprobación de esta reforma "no sólo está poniendo en serio peligro la viabilidad económica de muchas comunidades autónomas", afectando a la prestación de servicios de ciudadanía, sanidad, educación y servicios sociales, sino que "limita la capacidad de desarrollar políticas que ayuden a acelerar la salida de la crisis", competencias como las políticas activas de empleo, industria o turismo, entre otras.

Para la diputada socialista, esta Ley debe "garantizar la igualdad y suficiencia financiera para todas las comunidades". En este sentido, ha dicho que el nuevo sistema de financiación autonómica tiene que corregir los déficits de financiación y afianzar los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución, como la "prestación de servicios públicos esenciales que garanticen el acceso en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente del lugar donde vivan".

Hasta que la nueva LOFCA entre en vigor, los socialistas piden en esta proposición no de ley que se garantice que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las Comunidades Autónomas se ejecutan "con los parámetros objetivos, con la adecuada diligencia" y permitiendo que las comunidades puedan "ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, educación, dependencia, políticas sociales y políticas activas de empleo".