La Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias señala que la tramitación de la nueva ley de servicios sociales sigue la "hoja de ruta" marcada por el Consejo General de Políticas Sociales —donde está la Fecam—, donde se fijó que los primeros contactos empezarían a finales de mes.

El departamento que dirige la vicepresidenta, Patricia Hernández, responde así en un comunicado a la Fecam, que este lunes ha criticado la "parálisis" de la Consejería y la falta de respuesta de la consejera a las reuniones pactadas.

En esa línea, la Consejería subraya que el objetivo es hacer una "ley participativa" con todos los agentes sociales, y ya dispone de un borrador que será discutido "en una nueva reunión" una vez se ha aplazado la reunión con la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social debido a la presencia de algunos representantes municipales en Fitur.

Sobre el Plan de Empleo Social, expone que los ayuntamientos tienen un borrador desde el pasado 23 de octubre, y su aprobación quedó aparcada a la espera de que se creara la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social de la Fecam.

Así, sostiene que el plan "no sufre ningún retraso" y se ha adelantado varios meses, poniendo como ejemplo que el de 2014 empezó su negociación en marzo y se firmó en julio.

La Consejería apunta también que por primera vez se aprobaron antes de finalizar el año los proyectos de Promoción del Desarrollo y de la Actividad Económica (PRODAE) con una inversión de 2,7 millones de euros, y lo mismo ocurrió con los fondos del acuerdo marco con los ayuntamientos para servicios sociales básicos, contratación de trabajadores sociales y tramitación de la PCI.

Las relaciones con la fecam, "FLUIDAS"

"Lo habitual es que este dinero no estuviera disponible para los ayuntamientos hasta el mes de abril, lo que suponía despedir al personal para volverlo a contratar posteriormente. En esta ocasión los fondos están disponibles cuatro meses antes de lo habitual", indica la Consejería.

En ese sentido, destaca su "rapidez" en aprobar estos programas y acuerdos con los municipios, que han sido remarcados "por los propios ayuntamientos de distinto color políticos en declaraciones públicas en las últimas semanas".

Por todo ello, la Consejería entiende que las declaraciones de José Manuel Molina "se enmarcan en cuestiones que, en ningún caso, responden a las fluidas relaciones con la Fecam y a las opiniones que han sido trasladas por los representantes de esta institución a este departamento".