La juez María Núñez Bolaños ha admitido la personación como acusación popular de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

En un auto fechado el 8 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada tiene por personada y parte a la OID, aunque le solicita una fianza de 30.000 euros para poder ejercer la acusación popular, concediéndole un plazo de diez días para ello.

La juez establece que la Organización Impulsora de Discapacitados "actuará bajo una misma dirección y representación, que será la correspondiente a la primer compareciente" y acusación popular más antigua en este caso, como es el sindicato Manos Limpias, "salvo que, actuando de acuerdo, propongan otra solución que deberá ser aprobada".

La Fiscalía Anticorrupción no se opuso a que se tuviera por personada en el caso a la OID, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía solicitó a la juez que denegara su personación, ya que se trata de una persona jurídica "que entre sus fines sociales no contempla ni la defensa genérica de la legalidad ni ninguna otra finalidad que guarde relación con la presente causa".

A ello se suma, según expone la Junta, que la OID "no razona, en absoluto, cuál sea su interés, aún genérico, que justifique su intervención en esta causa, teniendo en cuenta el avanzado estado de la instrucción", y además "ha entablado numerosas acciones judiciales tanto contra la Junta como contra la Administración Central del Estado, así como contra otras administraciones territoriales con competencia sancionadora en materia de juego".

Al hilo, recuerda que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sancionó a la Organización Impulsora de Discapacitados con una multa de 25 millones de las antiguas pesetas por actividades ilícitas de juego, por lo que pide que le sea denegada la personación o que, con carácter subsidiario, se admita su personación pero con fijación de fianza.