El juez archiva la causa por estafa contra Prieto y García Hidalgo (PSE)

Atiende a la petición del fiscal y cierra el caso de las presuntas irregularidades en los pagos por obras en sedes socialistas
Txarli Prieto,Víctor García Hidalfo y Javier Beramendi
Txarli Prieto,Víctor García Hidalfo y Javier Beramendi
EUROPA PRESS
Txarli Prieto,Víctor García Hidalfo y Javier Beramendi

El juez instructor de la causa contra Txarli Prieto y Víctor García Hidalgo ha archivado la investigación abierta a ambos dirigentes del PSE-EE por presunta estafa y falsedad documental en los pagos de unas obras en varias sedes del Partido Socialista en Álava.

El magistrado Antonio García Martínez, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, atiende así a la petición de la Fiscalía, que había solicitado el sobreseimiento de la causa, al considerar que las pruebas practicadas "no han acreditado" que Prieto y García Hidalgo cometieran delito alguno para beneficiarse económicamente a través de los trabajos en las sedes del PSE.

El juez, a través de un auto que puede ser recurrido, acepta la petición del fiscal, de la que afirma que no resulta "improcedente", y recuerda que el PSE "no está interesado en el ejercicio de la acción penal ni dispuesto a sostener la acusación".

En el auto, recogido por Europa Press, García Martínez decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que se abrió en junio de 2015 a instancias de la Fiscalía y a raíz de una denuncia anónima.

Seis meses después de presentar la denuncia, el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, solicitó el sobreseimiento de la causa. Calparsoro, en un escrito fechado el 28 de diciembre, afirmaba que las investigaciones realizadas "no han acreditado" que Prieto y García Hidalgo cometieran delito alguno en relación con los pagos realizados a una empresa constructora del exlíder del PSE alavés por las obras efectuadas en varias sedes del partido.

"suficientes" diligencias

El Fiscal, que subrayaba que ya se habían practicado "suficientes" diligencias para esclarecer lo ocurrido, indicaba que no se ha demostrado que las facturas de 29.971 y 19.501 euros cobradas por la empresa (Escoiba) "no hayan correspondido a trabajos efectivamente realizados".

A través de estas sumas, procedentes de fondos públicos destinados a reforzar la seguridad de los partidos políticos, la constructora llevó a cabo diversas obras en varias sedes del PSE de Álava. Los trabajos se realizaron entre 2010 y 2012.

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