El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta, con ruego de respuesta oral en comisión, en la que interpela al Ejecutivo autonómico y le cuestiona si tiene previsto abonar al profesorado de la enseñanza concertada el 25 por ciento de la paga extraordinaria de 2012 al mismo tiempo que a los docentes de los centros educativos públicos.

La pregunta, suscrita por la diputada María Francisca Carazo, consultada por Europa Press y que también solicita que se detallen en su caso los presupuestos previstos, se conoce poco después de hacerse pública una sentencia por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimando la demanda interpuesta por la central sindical USO y cristalizada en un conflicto colectivo para reclamar el 100 por ciento de equiparación de 2015 de la paga de los profesores de la enseñanza concertada en la comunidad a la de los docentes públicos.

En el fallo, el Alto Tribunal se pronuncia respecto de una acción promovida por la central sindical en tanto que el incremento gradual y progresivo de las retribuciones del profesorado de la concertada acordado en 2008 se vio truncado por decreto ley en 2012, cuando se redujeron los salarios docentes de la enseñanza pública no universitaria, aplicándose a la concertada en idénticos términos.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2014, se suscribió un pacto entre la Junta, los sindicatos FSIE y UGT y las organizaciones patronales donde se aceptaba que la cantidad correspondiente a 2015 se pagara a lo largo de tres años.

El TSJA, que considera "evidente" la legitimación pasiva de todos y cada uno de los suscribientes del acuerdo —ya que el conflicto trae causa de la ruptura de la equiparación plena sobre la base de un nuevo pacto—, sí considera que, partiendo de una situación en el año 2011 de plena equiparación retributiva, la misma "se mantiene posteriormente, en el caso con las reducciones salariales operadas".

Considera la Sala que, contrariamente a lo que exponía la Junta, el proyecto de presupuestos para 2016 de la Junta resulta "insuficiente" para privar de objeto la demanda de USO. "No nos encontraríamos en principio ante un incumplimiento total por parte de la administración demandada, del compromiso adquirido y reiterado con posterioridad, de mantener una absoluta equiparación retributiva entre ambos colectivos docentes, sino tan solo de diferirlo en el tiempo en los términos convenidos en el tan meritado acuerdo de diciembre de 2014", subraya.

Con todo, para el TSJA la clave está en la existencia de la disposición adicional sexta de la ley de presupuestos autonómicos de 2015, en la que se establece que durante este año "no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley 2/2012 de 21 de septiembre de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, continuando vigentes las cuantías de los complementos establecidos por la comunidad autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014".

Para USO, el texto de la sentencia deja claro que "es falso que nuestro derecho a equiparación en 2016 y en los años venideros estuviera en entredicho, que el acuerdo de diciembre de 2014 es el que posibilita que recuperemos nuestra equiparación de 2015 y la pantomima justificatoria de que la nueva adicional en los presupuestos 2016 es la que avala la equiparación".

"Afortunadamente, la USO no somos firmantes y, por tanto, el pago diferido en tres años a los no firmantes no nos vincula", ha añadido el sindicato, que confirma que planteará recurso de casación ante la legitimidad de "seguir exigiendo el pago de la totalidad de 2015".