La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha absuelto al exalcalde de Huesa (Jaén), Francisco Javier Gómez Sevilla (PSOE), de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos por los que se sentó en el banquillo el pasado 10 de noviembre acusado de destinar a otros pagos diferentes, parte del importe de dos subvenciones que se habían concedido por el Servicio Público de Empleo Estatal y por Diputación para una obra concreta del municipio.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, "no ha quedado acreditado que Francisco Javier Gómez Sevilla emitiera a sabiendas órdenes de pago por ejecución de obras no realizadas". Añade la sentencia que "tampoco ha quedado acreditado que existieran desviaciones de caudales públicos algunos, ni en provecho particular del acusado Francisco Javier Gómez Sevilla, ni tampoco en beneficio de terceros, al no constar que se realizaron jornales ficticios".

No obstante, la sentencia sí condena al exalcalde a seis meses mde inhabilitación para empleo o cargo público como inductor de un delito de certificación falsa al haber firmado el documento que recogía oficialmente el final de la obra para la que fueron concedidas las subvenciones a sabiendas de que la obra no se había ejecutado íntegramente. Esta misma pena es la impuesta por la Audiencia de Jaén al arquitecto municipal, Juan Carlos G. P., por firmar también la certificación de final de obra.

El exalcalde de Huesa, Francisco Javier Gómez Sevilla, declaró en el juicio que las dos subvenciones por un importe total de 47.620 euros que recibieron en el marco del Profea para realizar una obra concretamente fueron destinados "íntegramente" a la compra de materiales y de jornales, aunque admitió que parte de este dinero hubo que derivarlo a otras obras municipales porque "surgieron algunos inconvenientes y no se pudo ejecutar al cien por cien".

Francisco Javier Gómez Sevilla se sentó en el banquillo de la Audiencia de Jaén acusado de delitos de falsedad de documental y prevaricación, por los que la Fiscalía le pedía cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación. Por su parte, la acusación particular representada por un miembro del PP elevaba su petición de penas a 12 años de cárcel al incluir la malversación de caudales públicos y la certificación falsa.

Según recoge la sentencia en los hechos probados, en el 2008 el Ayuntamiento de Huesa aprobó la realización de la obra denominada Ensanche de la Fuente del Popi (cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto municipal Juan Carlos G.P.) para la cual solicitó y le fueron concedidas dos subvenciones finalistas. Una subvención era de Diputación y ascendía a 13.206 euros para la adquisición de materiales, mientras que la otra subvención era por importe de 34.414 euros y la concedió el Servicio Público de Empleo Estatal.

Continúa el relato recogiendo que Francisco Javier Gómez Sevilla, "aún conociéndose el destino que debían tener las subvenciones, se aplicaron al pago de nóminas por trabajos en otras obras del municipio, realizándose únicamente con cargo a las subvenciones un destierro y la demolición de un muro". El arquitecto, siguiendo instrucciones del alcalde, emitió, aun sabiendo que no estaba terminada, certificado final de la obra de ensanche de la Fuente del Popi con fecha 2 de julio de 2009, para justificar el destino para el que habían sido concedidas por los citados organismos, y evitar la devolución.

Finalmente y dado que las obras no se habían ejecutado, el Ayuntamiento elaboró y aprobó un segundo proyecto que aunque con nombre diferente era una copia del primero y que permitió finalizar las obras inicialmente previstas con cargo a nuevas subvenciones.

Gómez Sevilla se defendió esgrimiendo que la certificación de la obra "no significa que esté ejecutada sino que el dinero se ha destinado a obras municipales" y por tanto ha servido para cumplir con el fin de las subvenciones que no eran otros que hacer obras municipales para generar jornales.

El abogado de Gómez Sevilla, Javier Pulido, ha destacado a Europa Press en una primera valoración y a falta de un estudio en profundidad que se trata de una sentencia absolutoria que deja claro en 14 folios que el exalcalde de Huesa "no se llevó dinero público y que el dinero de las subvenciones se invirtió íntegramente en el pago de jornales y de materiales de obras en el municipio".