El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha asegurado que el Gobierno andaluz cumplirá las sentencias que anulan la aplicación unilateral de la jornada de 37,5 horas en los hospitales de la Merced de Osuna y Virgen del Rocío, ambos en Sevilla.

Así lo ha explicado preguntado por los periodistas tras una rueda de prensa en el Hospital Regional Universitario de Málaga capital. Este compromiso se produce después de que el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO y el Sindicato de Enfermería (Satse) hayan denunciado ante la Fiscalía de Sevilla a los gerentes de los dos centros hospitalarios.

El consejero andaluz ha señalado que "sobre ese tema de horarios ha habido sentencias contradictorias en diferentes tribunales", aunque ha destacado que "evidentemente tenemos que cumplirla".

No obstante, ha asegurado que "en ningún caso la sentencia plantea que no sean las 37 horas, sino que es un problema administrativo que hay que revisar". Para ello, Alonso ha indicado que "la decisión adecuada" se tomará de forma conjunta con los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Cumpliremos la sentencia en todos sus términos y si hay que tomar la decisión, se tomará; en ese camino estaremos avanzando de forma clara", ha concluido.

Denuncia de los sindicatos

CCOO Sevilla explicó en una nota de prensa que en 2012, ante la falta de acuerdo en la Mesa Sectorial sobre cómo aplicar el incremento de jornada laboral del personal de la sanidad —de 35 a 37,5 horas semanales—, el gerente del Virgen del Rocío dictó una orden que imponía unilateralmente su aplicación.

En virtud de esa orden, los distintos mandos intermedios entregaron a cada trabajador un cuadrante de turnos en el que se desglosaba ese aumento de jornada impuesta.

Pero después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla anulara por sentencia el citado 'Plan Ejecutivo', el gerente del Virgen del Rocío "se ha negado a dar instrucciones a los distintos mandos intermedios para que se anulen todas las órdenes y planillas de trabajo dictadas en aplicación de la citada resolución".

En este mismo sentido se ha expresado Satse, que entiende que en ambos casos —en el Virgen del Rocío y en el Hospital de Osuna— se están produciendo "conductas ilícitas" que "podrían implicar responsabilidades penales por obstrucción a la justicia y prevaricación".

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