Las ayudas sociales que concede el Gobierno de Aragón serán inembargables, las compañías energéticas no podrán interrumpir el suministro por falta de recursos de los usuarios y las personas y familias que sean desahuciadas por ejecución hipotecaria o impago del alquiler podrán reubicarse en otras viviendas con la mediación de la Administración autonómica.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el Decreto-Ley de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda, en cumplimiento de los acuerdos de investidura de PSOE y CHA, y de sus respectivos programas electorales autonómicos. Los consejeros de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, han presentado esta nueva norma en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Broto ha defendido la inembargabilidad de ayudas como las ayudas de urgencia, las de integración familiar y las de pago periódico o único para la atención de necesidades básicas porque "estamos hablando del sustento básico de las familias" afectadas.

Además, ha expuesto, las ayudas a la integración familiar tendrán carácter esencial, por lo que se podrán reclamar a la Administración regional y "no podrán estar supeditadas a la disponibilidad presupuestaria", al ser un derecho subjetivo de los ciudadanos. Las prestaciones sociales no serán consideradas subvenciones, sino derechos, por lo que no se concederán por el procedimiento de concurrencia competitiva.

La tramitación de las ayudas sociales tendrá preferencia para agilizarla y para que se prioricen en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

El Decreto-Ley establece, asimismo, que las personas que dejen de cobrar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) por haber cumplido los 65 años y no tengan ninguna pensión podrán seguir percibiendo esta prestación social, un supuesto que se aplicará a "muy pocas personas", pero "es muy importante que tengamos claro que nadie se puede quedar sin ninguna prestación".

VIVIENDA

José Luis Soro ha afirmado que, con este Decreto-Ley, el Ejecutivo ha aprobado "la legislación más avanzada, ambiciosa y social de todas en el Estado Español" en materia de vivienda, haciendo realidad el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, que dispone que los poderes públicos deben promover el ejercicio del derecho a una vivienda digna.

Ha observado que el Decreto-Ley se ajusta a los límites establecidos por el Tribunal Constitucional porque "no queremos generar falsas expectativas", sino "dar soluciones viables, posibles".

A expensas de que el Gobierno regional promueva una nueva Ley de Vivienda, el Decreto-Ley impone a los poderes públicos la obligación de proveer de una alternativa habitacional "en todos los casos" a las personas que se vean privadas de su vivienda, principalmente en el caso de ejecución hipotecaria o impago del alquiler, aunque se puede extender a otros supuestos.

El Ejecutivo ha tomado algunas medidas procesales, como la suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad hasta que se encuentre una alternativa habitacional para los afectados. Una Orden autonómica determinará cuáles son las situaciones de especial vulnerabilidad, aunque ha avanzado que entre otras serán la situación de dependencia y las violencias machistas.

El Gobierno ha solicitado la colaboración de los tribunales para ofrecer alternativas habitacionales, de forma que los órganos judiciales comunicarán las demandas de vivienda. En los casos de desahucio por impago del alquiler, la Administración regional podrá hacerse cargo del pago de la renta durante "el tiempo necesario", siempre como una medida "provisional".

CLAVE

El consejero de Vivienda ha subrayado que todas las entidades financieras deben ser "una pieza clave" para encontrar soluciones habitacionales, por lo que el Ejecutivo promoverá la firma de convenios para que cedan viviendas desocupadas "sin causa legal" a cambio de una contraprestación que se fijará en la Orden mencionada de forma que la familia beneficiaria pagará una renta social de hasta un 30 por ciento de sus ingresos y la Administración abonará la diferencia. "Es un régimen perfectamente constitucional", ha recalcado Soro.

El Decreto-Ley recoge la imposición de multas coercitivas para que las entidades financieras cumplan estas obligaciones. Pagarán desde un uno hasta un 25 por ciento del valor catastral de la vivienda que no cedan, progresivamente, pero "no queremos llegar a este extremo".

Asimismo, la norma aprobada hoy dispone la creación de un registro de viviendas desocupadas de Aragón que incluirá, de momento, las que sean propiedad de entidades financieras, y por otra parte se pondrá en marcha una única bolsa de vivienda y un Fondo Social de la Vivienda para gestionar las políticas sociales en esta materia, que incluirá también todas las viviendas del sector público autonómico y municipal, así como suelos. Soro ha comentado que también se podrán concertar seguros para garantizar el pago y el mantenimiento de las viviendas alquiladas.

De momento solo hay seis viviendas en la bolsa autonómica, ya que la SAREB ha entregado a la Administración regional 80 "y ninguna ha podido ser utilizada".

Asimismo, en este Decreto-Ley se regula el concepto de vivienda desocupada: "aquella que no se ha destinado a uso residencial durante seis meses consecutivos", con algunas excepciones, como que haya un litigio sobre la vivienda o que sea de uso turístico.

Pobreza energética

Respecto al suministro energético, María Victoria Broto ha señalado que quienes soliciten el mantenimiento del mismo pese a no poder afrontar el coste deberán contar con un informe de los servicios sociales para acreditar el impago involuntario y recibir las ayudas correspondientes, que se destinarán a pagar la deuda en el mes siguiente.

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes, al respecto, la firma de un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Endesa, la principal compañía suministradora en Aragón, para hacer efectivo este nuevo derecho, garantizando en la práctica el suministro a las familias "en situación de vulnerabilidad".

Quedarán excluidos de este convenio los casos en los que se detecte una situación de conexión fraudulenta a la red atribuible al consumidor, cuya gestión corresponde a las empresas suministradoras.