Los candidatos 2 y 3 al Congreso por Zaragoza de la candidatura de Unidad Popular, Chesús Yuste y Silvia Requena, han expuesto sus políticas de igualdad para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, que tiene, entre sus objetivos "acabar por ley con la brecha salarial entre hombres y mujeres" y "constitucionalizar los derechos sexuales y reproductivos y erradicar la violencia de género".

Así lo han expuesto en un acto celebrado en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza, en el que una persona iba colgando carteles a varias mujeres que decían 'Sufrirás violencia machista', 'Cobrarás menos por tu trabajo', 'Cuidarás sola' y 'No decidirás sobre tu maternidad', tras lo que los dos candidatos han llegado y han dado la vuelta a los mismos, para construir entre todos la frase 'Unidad Popular. Por la igualdad real'.

Yuste ha argumentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la mitad de la sociedad tiene derecho a tener la mitad del poder" y, "es más, el conjunto de la sociedad necesita la aportación de las mujeres, algo imprescindible e incuestionable en el siglo XXI".

Por eso, Unidad Popular "ha querido predicar con el ejemplo" y "nuestras candidaturas han sido elegidas en primarias abiertas" y "tienen una presencia equilibrada de hombres y mujeres", mediante el sistema de lista cremallera, que alterna a hombres y mujeres y que, en este caso, "está encabezada por una mujer, Rosa Magallón".

Al respecto, ha aclarado que "somos el único partido que puede decir esto" puesto que otros "no han cumplido con la igualdad, con la cremallera, aunque lo llevaban en sus normas y aunque usen el color morado". A su entender, estas listas con igualdad de hombres y mujeres "es la única formula que garantiza que en los parlamentos termine habiendo una representación paritaria".

Entre sus objetivos, además de los ya mencionados de la brecha salarial y constitucionalizar nuevos derechos, ha mencionado la visibilización de la igualdad de género en las instituciones políticas; impulsar la corresponsabilidad doméstica; y fomentar la cultura y la igualdad de género en la escuela y en los medios de comunicación.

Propuestas concretas

La número tres al Congreso por Zaragoza de Unidad Popular, Silvia Requena, ha expuesto las medidas concretas, no antes sin condenar "el asesinato este miércoles de una mujer en Lebrija (Sevilla), supuestamente a manos de su expareja", y mostrar "todo su apoyo a su familia y a sus amigos".

Igualmente, ha explicado que ella trabaja en un sector donde la mujer está subrepresentada, ya que es soldadora, y sufre la brecha salarial ya que "cobro 300 euros menos por el mismo trabajo y las mismas horas" que sus compañeros varones.

Según ha precisado, "es el empresario quién decide qué categoría profesional te es asignada y siempre se le dan las superiores a los hombres y las inferiores a las mujeres" ya que "yo soy oficial de tercera, pero en la Seguridad Social figuro como peón especializada, mientras los hombres lo hacen como oficiales de tercera a primera", lo que significa una diferencia salarial de "entre 300 y 500 euros más brutos al mes".

Por eso, Unidad Popular promoverá una ley de igualdad salarial, además de restablecer el Ministerio de Igualdad, "que fue eliminado y desde el que desarrollar una serie de políticas transversales". Además, ha apostado por "modificar la ley de régimen electoral para que haya un 50 por ciento de representación femenina".

Silvia Requena también ha defendido crear un Consejo Estatal de Mujeres, formado por asociaciones feministas, consejos de mujeres y por todas las asociaciones que quieran participar en él y cuyos dictámenes sean vinculantes, que no solo consultivo.

Unidad Popular pretende, asimismo, "que se respete la paridad en los cargos de libre designación" y aumentar los recursos del Instituto de la Mujer, así como impulsar una "cooperación real" con las Comunidades autónomas y "recuperar y reforzar las competencias municipales en política de igualdad".

PRECARIZACIÓN

Unión Popular ha abogado por "acabar con la precarización de los sectores más feminizados y ahí entra el reconocimiento del trabajo de las empleadas de hogar, uno de los sectores feminizados que peores condiciones salariales tiene", ha relatado Requena, y para eso ha pedido "equiparar su régimen de la Seguridad Social al general" para que no tengan "condiciones inferiores".

Además, ha rechazado la custodia compartida impuesta, ha pedido realizar unos presupuestos participativos que en los próximos cuatro años que supongan el cinco por ciento y "equiparar los permisos para la crianza" y que tengan el mismo periodo tanto el hombre como la mujer para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, "que es donde más radica la desigualdad".

Asimismo, ha estimado necesario "finalizar la ley de dependencia y crear una red de servicios sociales que ayude a esa conciliación; incorporar al PIB el trabajo reproductivo, porque supone un 25 por ciento del cómputo total, y desarrollar una cultura de igualdad en los colegios, recuperando la educación para la igualdad y contra la violencia de género que ha eliminado la LOMCE".

A su entender, "desde niños se debe aprender una educación afectivo sexual a todos los niveles, desarrollar una educación que hable de comunicación, relación, sensibilidad, que les ayude a resolver conflictos de forma no violenta y en la que se explique, de una vez, que hombres y mujeres somos iguales en derechos".

La candidata también ha opinado que hay que eliminar la religión de los colegios "porque pone a la mujer en una situación de desventaja". Según ha dicho, es una "opción de padres y tutores", pero que "no debe ser impartida en los colegios".

Además, ha recordado su propuesta de incluir los derechos sexuales y reproductivos como derechos constitucionales y también revisar la ley que regula la reproducción asistida "para evitar la discriminación quien no tiene pareja heterosexual".

Violencia de género

La candidata de Unidad Popular también ha dado a conocer sus políticos para paliar la violencia de género, como ampliar el desarrollo de la ley orgánica para incluir todas las formas de violencia machista y denegar el derecho de visita sin supervisión a padres denunciados por violencia de género.

Igualmente, pretenden derogar un real decreto de 2012 "que priva a las mujeres migrantes del acceso a la detección sanitaria de violencia de género" y crear un Observatorio de maltrato institucional "que visibilice las relaciones de poder que ser ejercen desde las instituciones".

Además, quieren calificar las agresiones sexistas dentro del Código Penal; impedir la ablación de las niñas; prohibir los anuncios y publicidad de prostitución; asignar una dotación para la prevención, sensibilización y actuación contra la violencia de género y desarrollar una ley integral contra la trata —con perspectiva de género y definición de la trata—, así como reconocer como víctimas de violencia machista a las mujeres víctimas de la prostitución.