El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía la creación de una comisión permanente en el Parlamento andaluz sobre subcontratación de servicios en la Administración pública andaluza, para analizar la situación en la que se encuentran los trabajadores subcontratados por la Junta cuando, como ha advertido, "es imposible cumplir la normativa laboral mirando los pliegos de los contratos".

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, en el marco de una interpelación de Podemos relativa a contratación de servicios por parte de la Junta de Andalucía, la secretaria general y portavoz de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de abrir una oficina de atención a los trabajadores subcontratados y a sus usuarios para "hacer lo que la administración no hace, vigilar que los contratos que se hacen son legales y cumplen la legalidad".

También reclama Podemos realizar una auditoría exhaustiva sobre los contratos públicos de los servicios de la Administración que hoy se prestan; apostar por fórmulas legales "que permitan apostar por la economía local y por el cooperativismo"; incluir las cláusulas sociales en pliegos de manera que sean "imperativas y contrastables"; además de establecer un plan de desprivatización progresivo de los servicios subcontratados, porque Podemos está convencido de que "recuperar algunos servicios sale más barato a la Administración".

Ha señalado que hay personas protagonizando movilizaciones en varios sectores esenciales de los servicio públicos en Andalucía "por las disfunciones que generan para el servicio y para la calidad del empleo su modalidad de contratación", que "están en pie de guerra contra una situación de precariedad laboral que no es propia de la importancia de la labor que desempeñan y contra una situación de degradación de los servicios que prestan que afecta directamente a la calidad de servicios esenciales para los andaluces".

Entre otros asuntos, se ha referido al conflicto que atraviesen los intérpretes de lenguas de signo de Canal Sur que, como ha denunciado, "han sufrido un recorte del 40 por ciento en su salario y jornada, y encima se les ha informado de esto a través de un mensaje de texto". Ha censurado que desde 1993, estos trabajadores "han ido viendo como empeoran sus condiciones laborales". También se ha referido a la situación que atraviesan monitores educativos o encargados de la limpieza como en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.

Y es que, como ha agregado Rodríguez, "es imposible cumplir la normativa laboral mirando los pliegos de los contratos" a los que están sujetos estos trabajadores de subcontratas, y advertido que "si se tuviera que cumplir toda la normativa laboral vigente, nos gastaríamos todo el dinero que licita el pliego solamente para pagar salarios".

MONTERO: "¿Y

El ayuntamiento de cádiz?"

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dicho que no comparte los argumentos utilizados por la portavoz de Podemos y le ha pedido que sea "valiente" y aclare si demanda que los trabajadores de la subcontratas vayan a la calle y se haga una provisión de esos puestos de trabajo o que esos trabajadores pasen directamente a ser públicos. "¿En el Ayuntamiento de Cádiz también van a acabar con las subcontratas?", le ha preguntado, añadiendo que "una cosa es predicar y otra dar trigo".

Montero ha querido dejar claro que en Andalucía los servicios públicos esenciales para los derechos fundamentales se prestan desde lo público, siendo la tasa de concertación en lo educativo y sanitario de las "más bajas del conjunto del estado". "Si Andalucía hubiera dudado en cómo producir la prestación de servicios se habría caminado hacia un sistema educativo o sanitario completamente privatizado", ha añadido.

Así, tras apuntar que Andalucía ha puesto "un freno" en Despeñaperros a las privatizaciones y que es "de justicia" reconocerlo, la consejera del ramo ha dicho que la obligación de la Junta está en que los pliegos de contratación para servicios que no forman parte del núcleo de los esenciales vayan por un modelo que incorpore cláusulas sociales para que las empresas cumplan condiciones para que haya un empleo de calidad.