El portavoz del Govern, Marc Pons, ha acusado al Gobierno central de haber creado "inseguridad jurídica aprobando leyes que sabía que no se ajustaban al marco constitucional", en referencia a la anulación este jueves de la disposición adicional cuarta sobre el deslinde en la isla de Formentera.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta disposición. Concretamente, anula que quede incluido en el dominio público marítimo-terrestre "con carácter excepcional y debido a la especial configuración geomorfológica" de esta isla, el espacio de territorio que baña al mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean.

Pons ha recordado que "ya se había anunciado que esta ley tenía puntos verdaderamente flojos" algo que el Constitucional "ha acabado poniendo de manifiesto".

El portavoz ha reclamado "trabajo conjunto" con el Consell de Formentera para plantearse un análisis de la situación y conocer las consecuencias de la sentencia, aunque "la última palabra la tiene el Gobierno del Estado".

Por ello, ha pedido que las decisiones que tomen "las hagan escuchando a los ciudadanos de Baleares y a los de Formentera", ya que en caso contrario, ocurren "problemas como el que tenemos ahora".