La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo creado el año pasado a petición de Bruselas para vigilar la estabilidad presupuestaria en España, estima que los tres grandes ayuntamientos españoles incumplirán en 2015 y 2016 la regla de gasto, según el Informe de las Corporaciones Locales (CCLL) publicado este jueves por el organismo.

Esta regla es el tope impuesto a los ayuntamientos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que les impide gastar por encima de una referencia basada en el crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española: un 1,3% en 2015, un 1,5% en 2016 y un 1,7% en 2017 .

Hasta ahora la contención que imponía la ley ha permitido a los ayuntamientos mostrar superávit en sus cuentas. "La regla se ideó para que época de bonanza se restringiese el exceso de gasto y que el superávit obtenido por el aumento de los ingresos sirviese como colchón para ir disminuyendo las deudas y los intereses que se pagan por ellas", explican a 20minutos fuentes de Hacienda.

Pero en su último informe, la Airef considera que ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Zaragoza van a cumplir con la regla de gasto en 2015. Y de esas cuatro, solo Zaragoza cumpliría en 2016 (límite, 1,5%). El motivo que llevará a Zaragoza a incumplir la regla de gasto en 2015, es el mandato de Bruselas de imputar a este ejercicio los 200 millones correspondientes a la construcción del tranvía de la capital aragonesa que el Consistorio de la ciudad no había registrado como gasto público.

Sevilla aún no ha entregado sus datos —"se ha comprometido a hacerlo lo antes posible", dice el organismo fiscal— y Málaga es la única ciudad con más de 500.000 habitantes que cumpliría el límite de gasto en ambos años.

La AIReF ha observado en los seis ayuntamientos "una tendencia a agotar el margen de crecimiento del gasto permitido", algo que según el organismo podía llevar a incumplir la regla de gasto en 2015 y 2016, pero "sin poner en riesgo el objetivo de equilibrio presupuestario". De hecho, la Auroridad Fiscal —cuyo informe no solo busca valorar el gasto incurrido sino también los objetivos de estabilidad de las cuentas y de la deuda— considera "altamente probable que cumplan con holgura el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2016".

¿Cómo se explica entonces que el techo de gasto se incumpla, pero no se ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria? La respuesta es que el objetivo impuesto por Hacienda a los ayuntamientos es tener un 0% de déficit de 2015 a 2017. Si los gastos son mayores a los presupuestados, pero también los ingresos porque se produzca un mayor crecimiento económico, entonces se cumplirá igualmente el límite de déficit. En todo caso, AIReF sí cree que el aumento del gasto provocará que el posible superávit que obtengan, podría ser inferior (del 0,3% al 0,6%) al de jercicios anteriors..

También la Autoridad Fiscal considera "altamente probable" que se cumpla ampliamente el objetivo de deuda de las corporaciones locales en 2015 y 2016. "De mantenerse la senda a la baja inciada en 2012, se alcanzará el objetivo a largo plazo del 3% del PIB en 2016 que establece la Ley Presupuestaria", expresa el organismo dirigido por José Luis Escrivá.

Sin embargo, la capacidad de endeudamiento será distinta en función del estado de las cuentas de cada ciudad. Madrid y Valencia deberán pedir autorización para endeudarse más porque su ratio de endeudamiento oscila entre el 75% y el 110% de sus ingresos. Málaga solo deberá pedir autorización este año, pero no el que viene. Los ayuntamientos de Barcelona y Sevilla, en cambio, podrán efectuar nuevas operaciones de endeudamiento sin permiso previo.

El peor escenario es para Zaragoza que, debido al gasto revelado del contrato del tranvía, no podrá acudir a financiación de los mercados por estimarse una deuda superior al 110% de sus ingresos tanto en 2015 como en 2016.

La AIReF, finalmente, vuelve a incidir en la falta de "transparencia" de Hacienda para permitirle recabar los datos de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2016 de todo el subsector de las corporaciones locales.

Según el informe, el departamento dirigido por Cristobal Montoro considera que pedir esa información "excede sus límites formales y materiales", así que esas "defiencias" han tenido que superarlas "con la información facilitada directamente" por los seis ayuntamientos analizados y solo de ellos. Este conflicto ha llevado precisamente al auditor independiente a denunciar a Hacienda ante la Audiencia Nacional por imponerle "filtros" en su labor recopiladora de información.