Las más de 500 casas situadas en primera línea de playa en El Palo y Pedregalejo, en la capital malagueña, podrían regularizar su situación urbanística antes de que finalice el próximo verano, según la estimación del subdelegado del Gobierno, Miguel Briones.

La previsión es que la orden, cuyo proyecto puede consultarse en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habiéndose abierto el correspondiente periodo de alegaciones, pudiera publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a mediados de diciembre.

Y teniendo en cuenta que los interesados tendrán dos meses para la presentación de la documentación necesaria, antes de que finalice el próximo verano podría haberse concluido la transmisión, al menos en los casos en que ésta sea gratuita, según Briones.

"Ese es nuestro objetivo más ambicioso", ha expuesto Briones, tras mantener este martes una reunión, junto con el alcalde, Francisco de la Torre, con una decena de representantes de cuatro asociaciones de vecinos de la zona —Rebalaje, Rebalarte, Pedregalejo y El Palo—. No obstante, ha precisado que este asunto no afecta únicamente a las viviendas de El Palo y Pedregalejo, sino a otros muchos puntos del litoral español.

Por otra parte, Briones ha anunciado que la Subdelegación del Gobierno, en representación de la Demarcación de Costas, y el Ayuntamiento de Málaga firmarán previsiblemente antes de que finalice el año un convenio para la creación de una comisión que permita agilizar los trámites necesarios.

En concreto, ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con la información catastral relativa a estas casas y con toda la documentación sobre los terrenos y su superficie, datos que servirían de referencia para las correspondientes tasaciones. Además, desde la Demarcación de Costas y la Abogacía General del Estado "se aportaría el trabajo para que sea una tramitación muy ágil".

El objetivo es que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se apoyara en la valoración de la documentación que realizara la comisión integrada por la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento para así hacer más ágil la tramitación. "Hay ya hecho un trabajo previo, de hace un par de años, y es una documentación válida para volver a utilizarla", ha comentado.

"punto final feliz"

Briones ha mostrado la "satisfacción" del Gobierno central por este proyecto de orden, que "viene a poner un punto final feliz a una historia larga y compleja y con una trascendencia importantísima", y sobre todo por la respuesta positiva dada por los representantes vecinales de El Palo y de Pedregalejo.

Así, ha trasladado a los vecinos el ofrecimiento de la Subdelegación a aclarar aspectos para la aplicación de la orden o para la presentación de las alegaciones que considerasen oportunas a título individual o de forma colectiva. "Les mostramos también nuestra comprensión a tantos años de padecimiento y, por ello, vamos a trabajar", ha aseverado.

Los representantes vecinales serán los encargados de trasladar a estos residentes la información facilitada este martes. Pero, además, desde la Subdelegación y el Ayuntamiento, a través de la Junta Municipal de Distrito Este y del Área de Ordenación del Territorio, "se irá explicando de manera sucinta, con trípticos, por ejemplo, cuáles son los requisitos básicos, el procedimiento de tramitación, los plazos y los lugares en los que se debe presentar la documentación", ha apuntado Briones.

De todos modos, ha hecho hincapié en que "es la familia la que debe impulsar el procedimiento, la Administración lo que hará será facilitar que pueda iniciar ese trámite". "El acto administrativo es individual", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha señalado que esta orden ministerial "está pensada con mucho sentido común, con un sentido social profundo, buscando ayudar a las personas con economía más débil", haciendo referencia, por ejemplo, a las bonificaciones, que podrían llegar hasta el 90 por ciento del valor del suelo.

La nueva Ley de Costas, en vigor desde 2013, legalizaba las más de 500 viviendas levantadas antes de los años 80 en ambos barrios de pescadores de la capital, excluyéndolas del dominio público marítimo-terrestre.

Se acogían, para ello, a la disposición adicional séptima, que excluye del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a estos núcleos. Para ello, era necesario, sin embargo, la orden que desarrollase jurídicamente este procedimiento.

Orden ministerial

Ahora, según este proyecto de orden, la transmisión de los inmuebles será de forma gratuita a aquellas personas que demuestren que ellas o sus causantes ya adquirieron su propiedad de forma onerosa, siempre antes de la entrada en vigor de la citada ley —mayo de 2013—, mediante escritura pública o por documento privado presentado en una oficina pública o por inscripción en el Registro de la Propiedad.

En el resto de casos, los vecinos tendrán que pagar para poder regularizar las viviendas. No obstante, se establecen una serie de bonificaciones, que podrán llegar hasta el 90 por ciento del valor de tasación del suelo —no de la construcción—.