El proyecto de Ley de transparencia y buen gobierno impulsado por la Xunta inicia este martes su tramitación, después de que los votos del PP tumbasen las peticiones de devolución de la norma de AGE, BNG y Grupo Mixto por entender que no da respuesta a las necesidades de la sociedad en esta materia. Por su parte, los socialistas se han abstenido tras argumentar su portavoz, José Luis Méndez Romeu, que se trata de una norma "necesaria" y que sus "carencias" podrán ser corregidas durante su paso por la Cámara.

Para defender el texto, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado al "espíritu" que animó la Ley de transparencia elaborada por el bipartito en 2006 y que fue respaldada por toda la Cámara hace casi una década. "Aspiramos a lograr la misma unanimidad", ha sostenido, con el objetivo de sumar "el esfuerzo de todos" para que la ciudadanía "confíe en sus instituciones".

Así es que, ante el pleno del Parlamento, ha pedido que los grupos "enriquezcan" el texto con enmiendas a lo largo del proceso que ahora se inicia, en la línea de lograr "un cambio de actitudes" en la administración pública.

"No se trata de acudir a plebiscitos que todo lo quieren legitimar y todo lo quieren ocultar; ni de decir que el que tiene más votos tiene todo el poder para hacer lo que desee", ha manifestado el vicepresidente, para quien "el gobierno más democrático" es aquel que, dentro de la legalidad, decide "imponerse más limitaciones" y dotar a la sociedad de "más capacidad de control".

Así, ha destacado que la voluntad del Ejecutivo es "avanzar" en la norma impulsada por el bipartito, ampliando la obligación de publicar sus datos y presupuestos a todos los entes de la Xunta, los órganos estatutarios y las universidades y "superando la dispersión" a través de un único portal. Además, "se endurecen las incompatibilidades" de los altos cargos y se establecen "pautas claras" para la transición entre gobiernos.

"Y no se legisla para el siguiente gobierno", ha puntualizado Rueda a la vista de las enmiendas, sino que —ha dicho— el actual será "el primero" en ver limitadas sus capacidades durante el período que se encuentre en funciones.

"APARIENCIA"

Sin embargo, tanto Yolanda Díaz (AGE) como Tereixa Paz (BNG) y Consuelo Martínez (Mixto) han presentado una enmienda de devolución ante su desacuerdo con el texto a debate y tras poner en duda que el grupo mayoritario vaya a aceptar cambios posteriormente.

La número dos de AGE ha criticado esta "apariencia de transparencia" en una norma "cautiva de los intereses del PP, que son profundamente corruptos". "Queremos paredes de cristal, agendas públicas...", ha enumerado, en referencia a medidas de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Así es que, ha proseguido, esta ley "no da derecho a nada" a los gallegos, pues incorpora "excepciones" y "trampas" que acotan el derecho a la información de la administración pública e impide fiscalizar a las empresas públicas concesionarias. Además, los grandes contratos, ha recalcado citando el que permitió a Repsol instalarse en A Coruña y a Reganosa en Ferrol, tienen "cláusulas confidenciales" que impiden acceder a ellos.

De igual modo, ha denunciado que el Parlamento no ha tenido acceso a los contratos de la Xunta con el entramado empresarial del narcotraficante Marcial Dorado por una supuesta "inundación" que los destruyó y que "razones de honorabilidad" impiden conocer cuántas subvenciones se han concedido a la empresa en la que trabaja la hermana del presidente de la Xunta.

"Pura cosmética", ha resumido Tereixa Paz tras lamentar que en España no se ha otorgado la categoría de "derecho fundamental" al acceso a la información pública. "Su modelo de transparencia está desfasado", ha sentenciado.

"INSERVIBLE"

En este sentido, la nacionalista ha cargado contra "una ley inservible" para que la ciudadanía pueda fiscalizar el uso del dinero público o para evitar las denominadas 'puertas giratorias'.

Como ejemplo de ello, ha indicado que la entrada en vigor de esta norma no daría a la ciudadanía "ningún tipo de control" sobre la empresa "que construyó y va a gestionar" el hospital de Vigo, que costó "casi tres veces más" con una fórmula de colaboración público-privada que si la Xunta hubiese decidido construirlo directamente.

Tampoco evitaría, según ha agregado, que el Gobierno gallego no facilite información sobre los contratos con Marcial Dorado o con las empresas implicadas en la trama Gürtel. Además, al igual que Díaz, ha afeado que la "exhaustividad" que se impone sobre los liberados sindicales no alcance a "los asesores" del Ejecutivo autonómico o a "los altos cargos" de las empresas públicas.

A este tipo de críticas al texto legislativo, la diputada del Grupo Mixto ha sumado el "lenguaje sexista" con el que está redactado. "¿Dónde tienen la cabeza?", ha espetado a la bancada popular, a la vista del número de casos de violencia machista que se suceden en el último año.

"NECESARIA"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, José Luis Méndez Romeu, ha señalado que este proyecto de ley presenta "carencias" que su grupo tratará de "corregir" a lo largo del trámite parlamentario, pero ha justificado su decisión de no pedir la devolución del texto en que se trata de "una norma necesaria".

"Su fuerza reside en un cambio de cultura que debe ir más allá de las diferencias", ha argumentado, sin dejar de hacer hincapié en que "debe primar un mensaje de compromiso" en torno a "una norma demandada por la sociedad". "No obstaculizaremos la ley, pero esperemos que tampoco el PP lo haga para permitirnos mejorar el texto", ha apostillado.

Entre las "carencias" que ha detectado, ha pedido "más limitaciones" a las puertas giratorias y medidas para superar "conflictos de interés" entre el sector público y el privado, por ejemplo en la regulación del mercado eléctrico o la configuración del calendario de vacunación.

Además, ha demandado que se publiquen "todos los datos" sobre cesión de contratos públicos y subcontrataciones y que todos los proyectos con un coste superior a los cinco millones de euros sean objeto de una evaluación que se haga pública: se trata de "evitar" que se repita lo sucedido con la Cidade da Cultura o el Hospital de Vigo.

"perjudica a todos"

Finalmente, Paula Prado (PP) ha pedido a todos los grupos "asumir un compromiso claro y contundente" a favor de la transparencia y contra la corrupción, pues utilizarla como "arma arrojadiza perjudica a todos". "No hay partidos más éticos que otros, sino personas que deciden aprovecharse de su cargo para su propio beneficio", ha opinado.

Esta reflexión se ha topado con las críticas de Consuelo Martínez, quien ha subrayado que "ningún partido apoya tanto a los corruptos como el PP", y de Tereixa Paz, quien ha ironizado con que "cientos de filósofos están revolviéndose en sus tumbas" tras oír a la diputada decir que la ética es "un concepto privado". "Que ustedes como organización no tengan ética pública no quiere decir que no exista", ha rebatido.

Más allá de eso, Prado ha reprochado a BNG y AGE sus críticas a la falta de documentación sobre las empresas del Gürtel o de Marcial Dorado. "Se cursaron más de 40 iniciativas, dos comparecencias del presidente, 21 solicitudes de datos...", ha enumerado, para concluir que "como no encontraron nada, dicen que falta información".

A Méndez le ha agradecido "el tono" de su intervención y ha sostenido que se tendrán en cuenta "las aportaciones" de su grupo para "mejorar" este texto normativo. "Apelamos al consenso de 2006 y buscaremos el acuerdo de todos los grupos, porque la transparencia es cosa de todos", ha finalizado.