El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a dos investigados por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Uno de ellos ha dicho que no se cumplió el compromiso de contratación por la crisis.

Este investigado está relacionado con una entidad a la que se le concedió una ayuda de 64.000 euros, de la que recibió 48.000 euros como anticipo, para un curso relacionado con el sector fotovoltáico. Ha explicado, según fuentes judiciales, que no pudo cumplir el compromiso de contratar a alumnos debido a que las empresas que lo iban a hacer se vieron afectadas por la crisis.

En cuanto al otro investigado, relacionado con otra entidad formativa, a la que se le concedió una subvención de 98.000 euros, de la que recibió también el 75 por ciento de anticipo, ha señalado, según las fuentes, que sí se cumplió con la contratación requerida pero a través de otras empresas distintas a las que inicialmente se había indicado.

En ambos casos, estas empresas recibieron las subvenciones en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010. También estaban citadas otras dos personas en relación con una entidad que obtuvo una ayuda para la formación, aunque en la convocatoria del 4 de noviembre del mismo año. Esta declaración ha sido suspendida para que los investigados designen un letrado.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que se ha encargado de las investigaciones desde el principio, apuntaron en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior de los mismos.

Los investigadores relataban en sus informes iniciales, a los que tuvo acceso Europa Press, que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.

De la convocatoria de diciembre de 2010 se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global—; mientras que de las subvenciones concedidas en noviembre del mismo año se investigan unas 10 firmas. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juez una treintena de personas de distintas sociedades.