La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga continuará este próximo lunes el juicio a 35 acusados, entre ellos varios guardias civiles pertenecientes al Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), procesados por participar en una supuesta trama relacionada con el narcotráfico.

Uno de los agentes de dicho grupo, que es uno de los principales acusados, fue declarado en rebeldía, después de que el Tribunal que juzga el caso dictara una orden de busca y captura nacional e internacional al no presentarse a la primera sesión del juicio y tras no ser localizado.

El pasado día 14 de octubre se celebró una primera sesión, en la que las defensas expusieron sus cuestiones previas, solicitando la nulidad de todo el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales, que basan en supuestas irregularidades en las intervenciones telefónicas y vigilancias.

Los abogados consideraron que se han limitado derechos fundamentales y se les ha causado indefensión, además de que los escritos de acusación tienen falta de concreción. Señalaron que las primeras investigaciones se basan en informaciones "erróneas" y en "conjeturas".

Por su parte, el fiscal discrepó de estas manifestaciones y estimó que la investigación fue realizada con sus correspondientes autorizaciones motivadas, por lo que aseguró que todo se hizo conforme a derecho. Supuestamente, en la sesión de este próximo lunes será comenzarán las declaraciones de los acusados.

La Fiscalía acusa por los delitos de encubrimiento, revelación de secreto, robo, proposición para cometer tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho, entre otros. Están procesados un teniente de la Guardia Civil, exjefe del EDOA; y otros tres agentes. También estaba el agente fugado, al que el fiscal asignaba la categoría de sargento, que no será juzgado al estar huido.

En su escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press y en el que se exponen 16 hechos delictivos, el fiscal describe varias operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella, en las que habrían tenido alguna participación los dos exresponsables del instituto armado y varios presuntos narcotraficantes, también acusados.

En algunos casos, según se desprende de las intervenciones telefónicas —y consta en la calificación del ministerio público—, contactaban con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían acordado un operativo para que esos contactos se quedaran con parte del cargamento.

Además, según la Fiscalía, los agentes colaboraban con personas vinculadas supuestamente a redes que introducían droga desde Marruecos, dando "cobertura y seguridad"; mientras que respecto al teniente, señala que tenía contactos con confidentes y lo acusa de que supuestamente les avisaba de investigaciones de otros cuerpos.

La acusación popular, en representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada por primera vez en una causa contra miembros de la institución, acusa, además, a un capitán de la Guardia Civil, al que, sin embargo, no incluye la Fiscalía. Esa parte considera en su calificación inicial que este procesado habría tenido participación supuestamente irregular en una operación de droga.

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