Los secretarios de UGT y CC.OO en Castilla y León, Agustín Prieto y Ángel Hernández, han abogado este viernes por elevar paulatinamente la cuantía de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), establecida en estos momentos en 426 euros, hasta llegar "poco a poco" a los 663 euros en los que se ha fijado el umbral de pobreza, una petición "razonable" desde el convencimiento de que "no es de recibo" cobrar una cantidad que no saca de pobres a los perceptores.

Prieto y Hernández han propuesto también hacer accesible la RGC a partir de los 18 años, frente al actual límite de 24 años, y hacer compatible esta percepción con cualquier prestación, con independencia de su origen, a lo que han sumado la necesidad de complementar esas percepciones, como podrían ser las pensiones más bajas, hasta alcanzar los 426 euros.

Otra de las propuestas de los sindicatos para actualizar y mejorar la RGC, un derecho subjetivo y pionero de los castellanoleoneses reconocido por ley desde 2010, pasa por recoger dentro de esta percepción o a través de otra ley una ayuda de derecho subjetivo específica para favorecer el acceso a una vivienda en alquiler a las personas con ingresos inferiores a los 426 euros, como podrían ser los jóvenes con contratos temporales y a tiempo parcial.

Así lo han avanzado Prieto y Hernández con motivo de la jornada organizada este mismo viernes por CCOO y UGT en colaboración con la Oficina del Procurador del Común y el Consejo Económico y Social de Castilla y León para analizar los cambios normativos a introducir en la RGC tras una primera reunión con la Junta en la que sí han constatado "voluntad" de cambio por parte de la Administración regional.

Prieto y Hernández han vinculado estas actualizaciones en la RGC con su propuesta de sacar adelante una ley de renta mínima a nivel estatal, como pedirán los sindicatos al nuevo gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre, para dar cobertura a 2.151.000 personas en todo el país —unas 150.000 en Castilla y León— con un presupuesto de 11.000 millones de euros, una cantidad "perfectamente asumible" y "de justicia" para hacer frente a una situación de crisis de algunas personas que, según ha advertido, será además de carácter estructural.

Según han argumentado, la puesta en marcha de este derecho subjetivo en España "aligeraría" lo que "en una reivindicación maximalista" debería cubrir la RGC ya que la prestación global para todos los perceptores sumaría 433 millones de euros por lo que la Junta tendría que poner 370 millones a mayores de los 60 que ha presupuestado por ejemplo en 2015.

En este punto, Prieto y Hernández han abogado también por dotar a la RGC con más presupuesto ya que, según han advertido, nadie tiene una bola de cristal para adivinar cuántos perceptores habrá cada año por lo que han cuestionado que cada ejercicio se ajuste lo presupuestado a las demandas tras un trabajo de temporarización de la Administración "para que no se dispare".

Finalmente, los secretarios regionales de CCOO y UGT han abogado también por aprovechar la actualización de la RGC para "aligerar" y "hacer más llevadera" al usuario la petición de este derecho ante el actual procedimiento que han tildado de "farragoso" y que obliga a antiguos perceptores que dejaron la prestación por un "subempleo" de 300 euros a volver a empezar de cero para regresar al sistema, según han relatado a modo de ejemplo.