El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado que las decisiones del Tribunal Supremo de declarar la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) y del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental es "una doble mala noticia" y ha pedido, desde "un espíritu de colaboración entre todos", una reacción "rápida y eficaz".

"No es una cuestión en la que quepa confrontación ni es el momento de buscar culpables, sino de sumar y de tener un espíritu para reaccionar de manera positiva y constructiva para dar una solución a muchas familias y economías que dependen de esto", ha asegurado Sanz en rueda de prensa en Málaga, donde ha presentado el balance de criminalidad en Andalucía hasta septiembre.

Así, ha señalado que hay "una responsabilidad" y "una competencia" que en este caso corresponde a la Junta de Andalucía en torno a lo que es la ordenación del territorio, aunque ha incidido en trasladar "un espíritu de colaboración y de suma", al considerar que es "momento de lanzar un mensaje de que se reaccione rápido y de manera eficaz, buscando soluciones urgentes".

"Creo que es el momento de desear que se solucione pronto por el bien de las familias y del futuro de una zona que para Andalucía es fundamental y que requiere estabilidad y seguridad jurídica tanto para invertir como para vivir", ha manifestado Sanz, quien ha reiterado que se trata de "una mala noticia".

La Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró nula de pleno derecho la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella del año 2010, aprobada en sendas órdenes de la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía de 25 de febrero y de 7 de mayo de dicho año. Así, se estiman los recursos de una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rechazaron sus impugnaciones contra dicha revisión.

Las tres sentencias llegan a la misma conclusión de anular la revisión del PGOU marbellí por varios motivos, como que no correspondía al ámbito de potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido; no cumplir las normas de evaluación de los efectos medioambientales y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.

En cuanto al Plan de Ordenación del Territorio de la Junta, que fue aprobado en julio de 2006, la Sala Tercera del TS lo ha declarado nulo de pleno derecho por un doble motivo; por un lado, porque la Administración autonómica no dio respuesta a las alegaciones que había formulado por una empresa que recurrió en el trámite de información pública del procedimiento de elaboración del plan.

Además, se anula porque la Junta no emitió el preceptivo informe sobre impacto por razón de género que exige la propia legislación autonómica andaluza. Al respecto, se señala que se establecía que todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno debían tener en cuenta de forma efectiva el objeto de igualdad por razón de género y a tal fin debían emitirse informes.