Los inmigrantes en situación irregular van a seguir siendo atendidos en los centros de salud valencianos. La Conselleria de Sanidad está buscando fórmulas jurídicas para dar cobertura a la sanidad universal sin contravenir la resolución del Tribunal Constitucional que ha paralizado la ley valenciana tras el recurso del Gobierno de Rajoy.

Fuentes de este departamento han explicado a 20minutos que cualquier persona que acuda hoy mismo a un centro de salud "va a ser atendida, a la vez que se respeta la decisión del TC". Estas mismas fuentes señalan los casos del País Vasco y Navarra, donde se aseguró la asistencia mientras el Constitucional decidía sobre el fondo de la norma sin contravenir su resolución. "Se va a asegurar la asistencia a estas personas por otras vías", añaden.

En esta línea, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), ha dado instrucciones a los centros de salud para que se atienda "a todas las personas" y que "no pase ni un día" sin que los inmigrantes en situación irregular sean atendidos.

Según ha afirmado Puig ante los periodistas, la Generalitat ha dado "instrucciones" a los centros de salud para que no dejen de atender a este colectivo y este mismo miércoles por la tarde se reunirá con las ONG de la Comunitat para que "expliquen a los afectados" que se va a respetar "su derecho universal a la sanidad".

Después de recordar que el Ejecutivo que preside va a recurrir la suspensión cautelar de la ley valenciana, ha insistido en que no va a dejar pasar "un día sin que estas personas reciban atención".

Preguntado por los periodistas sobre si, con su decisión, la Generalitat actuará dentro de la legalidad, ha dicho que "hay otros caminos para prestar el servicio", y ha sentenciado: "Nadie nos puede impedir la solidaridad interna".

Del mismo modo, ha acusado al Gobierno de "carecer del mínimo principio de humanidad" con su recurso a una ley valenciana que posibilita "un servicio sanitario digno para todos", más aún "en un momento en el que tiene tantos asuntos sobre la mesa". "Sabíamos que esto -el recurso del Gobierno- iba a llegar desde el momento en el que impulsamos la ley. Ahora, hemos preparado todo para que ello no repercuta en los ciudadanos, porque es indecente que se haya retirado la capacidad de una persona de ser atendida por la sanidad", ha manifestado.