El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha destacado la "intensa labor de mantenimiento, adecuación y restauración de cauces" que lleva a cabo la administración autonómica desde hace años para mantener el buen estado ecológico de los ríos y arroyos que discurren por la región. Con ello se cumple un doble objetivo: garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos y actuar en la prevención de avenidas e inundaciones.

Durante su intervención en el marco de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, el consejero ha señalado que, además de las actuaciones preventivas para el mantenimiento de cauces, las distintas administraciones deben acometer también una serie de trabajos como consecuencia de su planificación o por obras hidráulicas, cauces urbanos o infraestructuras ejecutadas fuera del casco urbano, entre otras.

En esta línea, Fiscal ha aclarado que la Consejería es, según establece la Ley de Aguas de Andalucía, la responsable de aprobar y ejecutar anualmente un programa específico de mantenimiento de cauces, que en los últimos años ha tenido un presupuesto anual de 1,5 millones de euros y que según el presupuesto de 2016 ascenderá inicialmente a 3,6 millones de euros. Estas actuaciones tienen como objetivo recuperar el funcionamiento natural de los ríos y los procesos hidrológicos, sin alterar el paisaje.

De otro lado, la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que las actuaciones en cauces situados en zonas urbanas corresponderán a las administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo, es decir, a los ayuntamientos; todo ello sin perjuicio de las competencias que la administración tiene sobre el dominio público hidráulico, la cual se encarga de autorizar las actuaciones que los entes locales soliciten realizar en los cauces urbanos.

La retirada de los residuos urbanos que obstaculizan la evacuación de las aguas de ríos y arroyos es también responsabilidad municipal. En el caso de los residuos agrarios, la recogida o reciclado de los mismos será responsabilidad de los productores.

De otro lado, la Junta de Andalucía es la administración competente en acciones de defensa en zonas urbanas declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma, mientras que el Gobierno central es el responsable de las obras declaradas de Interés General del Estado.

Efectos "demoledores" de la actuación autonómica

Durante su intervención, el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha explicado que la política de la Junta en esta materia viene determinada por las características propias de la región, que la hacen especialmente vulnerable ante fenómenos extremos como son las lluvias torrenciales. Para Fiscal, las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, aunque algunas actividades humanas y el cambio climático están contribuyendo a aumentar las probabilidades de que ocurran. Todo ello con el consiguiente impacto negativo para el patrimonio natural, para actividades económicas y propiedades e incluso para la seguridad de las personas.

El consejero ha recordado que desde 1997 la Junta trabaja en la identificación y prevención de estos riesgos. Así, en 2002, el Gobierno de la Junta aprobó mediante decreto el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, con el fin de prevenir y minimizar los riesgos por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces. En él se incluye un programa de inversiones de 1,2 millones de euros y un horizonte de finalización fijado para el año 2015.

Igualmente, ha desarrollado en los últimos años la Directiva Europea de Inundaciones, en la que se recogía las Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Se trata de documentos que se tenían que elaborar para cada una de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias andaluzas (Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete y Barbate y Cuenca Mediterránea).

Por parte del grupo proponente de la comparecencia, el PP, la diputada Patricia Navarro ha recordado que estos casos se repiten "año tras año" en determinados 'puntos negros' como la costa de Almería, Levante y Poniente, el litoral granadino o las comarcas malagueñas de la Axarquia y el Guadalhorce.

Asimismo, Navarro ha instado a tener en cuenta los efectos "demoledores" que la actuación de la Junta al respecto puede tener sobre las actividades económicas de zonas de desarrollo industrial y residencial, especificando que, además de "prevención", hay que intervenir en cuestiones como la limpieza de los cauces, a lo que Fiscal ha opuesto que la Junta no comparte la visión de que dicha actuación sea una "cortapisa".