La Junta reitera su rechazo a la Ley de Montes al considerar que vulnera competencias autonómicas

Para el consejero de Medio Ambiente, la norma crea "alarma social" por la modificación del tratamiento de los terrenos forestales incendiados
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.
EUROPA PRESS
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha afirmado que la nueva Ley de Montes aprobada por el Gobierno central "vulnera el esquema competencial" establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Según Fiscal, esta norma ha creado también una "alarma social innecesaria", por la modificación de tratamiento de los terrenos forestales incendiados que ahora pueden verse recalificados.

Para el consejero, que ha respondido a una pregunta del Grupo Socialista en el Pleno del Parlamento andaluz, es "innecesaria" la modificación de la ley que se estaba desarrollando, mientras que la nueva normativa añade una disposición adicional sobre caminos rurales "que presenta claros visos de inconstitucional y que precisa incluso de un reglamento".

En este sentido, ha aclarado que durante el proceso de tramitación de la misma no se hizo mención alguna a este asunto, un hecho que ha provocado que las comunidades autónomas hayan tenido la oportunidad de conocer su existencia, "usurpando de esta manera el derecho de Andalucía a hacer valer sus competencias".

En opinión del consejero, esta disposición incluye la creación de una red nacional de caminos rurales sobre un conjunto de infraestructuras lineales —vías pecuarias, caminos forestales y los senderos de espacios naturales— de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. También contempla la posibilidad de intervenir de múltiples formas en estos caminos, "sin la participación de la autoridad competente, en definitiva, de Andalucía".

Por último, el titular de Medio Ambiente ha señalado que la aprobación de esta norma en el Senado el pasado verano "prescinde del principio de colaboración institucional, genera indefensión y vulnera los Estatutos de todas las comunidades autónomas". No obstante, ha destacado la voluntad de diálogo del Gobierno andaluz y ha añadido que "no renunciamos a competencias que son propias y no permitiremos que el Ministerio invada aquello que tanto tiempo nos ha costado conseguir".

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