El registro de la sede de CDC, situada en la calle Còrsega de Barcelona, ha concluido tras doce horas de diligencias practicadas por la Guardia Civil, en el marco de la operación Petrum por el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Los registros, que han acabado hacia las 22.00 horas, han sido dirigidos por los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda, quienes han entrado y salido de la sede varias veces al día y han justificado en un comunicado la actuación por el "riesgo de destrucción de pruebas".

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al tesorero de CDC, Andreu Viloca; al secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, a una administrativa del partido y al director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, además de arrestar a seis empresarios del sector de la construcción.

La Fiscalía investiga los posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil en el registro que lleva a cabo hoy la Guardia Civil en la sede de CDC en Barcelona.

Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, ha sido este órgano judicial el que ha coordinado los registros y las detenciones llevadas a cabo por agentes de la Guardia Civil, en la denominada operación Petrum III.

La Fiscalía Anticorrupción señala que estos registros y detenciones son consecuencia de la continuada investigación desarrollada desde el año 2013 por la Guardia Civil.

"Los registros practicados se han llevado a cabo tras el análisis de la documentación incautada a finales del pasado mes de agosto, en los registros practicados en distintos domicilios y en las sedes de la fundación CatDem y de CDC en Barcelona, y valorando la situación de urgencia en la práctica de diligencias debido al riesgo de destrucción de los medios de prueba", señala.

El comunicado subraya la "especial relevancia" de que se recogiera "una serie de documentos triturados en una destructora de papel ubicada en el despacho del tesorero de CDC, Andreu Viloca, detenido hoy, en la sede de CDC e informa de que estos documentos han podido ser reconstruidos por el servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

La Fiscalía Anticorrupción añade que, "dada la especial condición de CDC como partido político y piedra angular del sistema constitucional", la diligencia de entrada y registro "se ha limitado escrupulosamente a los elementos de investigación referidos a los siguientes delitos: cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil".

"Ante la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2015 se ha dado orden expresa para que en las detenciones practicadas se respeten las garantías establecidas en dicha ley con especial referencia a los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de los detenidos", concluye el comunicado.

La Guardia Civil ha registrado hoy la sede de CDC y ha detenido a su administrador, Andreu Viloca, y a media docena de empresarios acusados de pagar comisiones del 3%, en una operación que ha vuelto a indignar al presidente catalán, Artur Mas, quien se ha proclamado "objeto de caza mayor".

La operación, dirigida por un juez de El Vendrell (Tarragona), ha comportado la detención del director de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell, cuyo despacho en la sede de la empresa pública también ha sido registrado, así como los Ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós del Bages (Barcelona), que adjudicaron obras públicas a los empresarios investigados.

Los agentes han detenido también a dos personas vinculadas al área financiera de la formación nacionalista: Carlos del Pozo, secretario del patronato de la fundación Catdem -que tiene una contabilidad común con CDC- y una administrativa del partido.

A lo largo del día, la Guardia Civil ha detenido a directivos de las empresas Copisa, Urbaser, Rogasa, Construcciones, Grupo Soler, Tec4 y Oproler, y ha registrado sus oficinas y sus domicilios en busca de documentos que acrediten la tesis de la Fiscalía de que pagaron comisiones del 3% a CDC a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos por parte de administraciones controladas por la formación.