La Guardia Civil ha realizado este miércoles un nuevo registro en la sede de Convergència Democrática de Catalunya y ha detenido al tesorero de la formación, Andreu Viloca, acusado de estar implicado en el cobro de comisiones irregulares del 3% para su partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. Hasta la sede de los convergentes se han desplazado cuatro vehículos de la Guardia Civil, y dos agentes se han situado custodiando la puerta.

La detención se enmarca en un operativo que sigue abierto y se ha saldado, por el momento, con la detención de ocho personas, entre las que se encuentran siete empresarios acusados de haber pagado comisiones ilegales a CDC a cambio de contratas de obras. Entre ellos está Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat.

La Guardia Civil realiza también desde media mañana más de 20 registros en domicilios particulares, empresas privadas y públicas.  Por el momento se han registrado los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y ocho empresas.

La operación se enmarca en la tercera fase del caso Petrus. En las dos fases anteriores, los agentes registraron la sede de CDC, situada en la calle Córcega de Barcelona, el pasado 28 de agosto y anteriormente, el 23 de julio, se detuvo el consejero delegado de la empresa Teyco, Jordi Sumarroca. El caso lo investiga el Juzgado número 1 de El Vendrell.

La Guardia Civil mantiene detenidos dentro de la sede central de CDC a dos trabajadores del partido junto con Andreu Viloca, según ha explicado el coordinador general de Convergència, Josep Rull, que no ha ofrecido las identidades de estas dos personas.

"Se han detenido a dos personas más del ámbito de la administración del partido durante este registro", ha afirmado Rull, quien sin embargo ha manifestado dudas de si técnicamente han sido objeto de una detención policial: "La forma jurídica aún es imprecisa", ha señalado.

Rull ha explicado que la Guardia Civil, al llegar, ha revisado la sede de CDC "planta por planta" para saber qué se hacía en cada una de ellas, incluida la séptima, en donde hay la sala del comité ejecutivo, órgano de máximo dirección de Convergència Democràtica de Catalunya, formación liderada por el presidente catalán, Artur Mas.

Una vez ya han conocido lo que se hacía en cada planta, según el relato de Rull, los agentes se han quedado en la tercera planta para realizar el registro de los despachos administrativos, con la presencia de Viloca.

El secretario del patronato de la fundación Catdem, el convergente Carles del Pozo, es uno de los detenidos, y también se ha detenido a una administrativa de CDC, han informado fuentes cercanas a la investigación.

Del Pozo fue gerente de la formación pero, según han explicado a fuentes del partido, ya no lo es, sino que esta función la tiene asumida el tesorero, Andreu Viloca, también detenido este miércoles; y fuentes de Catdem han informado de que Del Pozo es el actual secretario del patronato de la fundación.

Cuando acabe la operación, se prevé que ellos y el resto de detenidos sean trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona, y pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).

El conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, ha manifestado su "consternación" tras la detención la mañana de este miércoles del tesorero de CDC, Andreu Viloca.

"Me acabo de enterar. Por lo tanto, consternación y ninguna valoración más", ha manifestado Puig en declaraciones a los medios tras inaugurar la XIV Jornada Gresol en Tarragona.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha enmarcado en el "normal funcionamiento de las instituciones" la operación desarrollada este miércoles por la Guardia Civil.

Catalá ha sido preguntado por este asunto al término de su intervención en la sesión de control al Gobierno del último Pleno del Congreso de esta legislatura, que precisamente ha versado sobre las medidas adoptadas en la lucha contra la corrupción.

Preguntado por los periodistas, se ha limitado a señalar que no tiene información sobre este caso en particular pero que se trata de "actuaciones judiciales y de investigación" que reflejan el "normal funcionamiento de las instituciones".

Según fuentes de la investigación, la operación ha arrancado a las 7.20 horas de esta mañana y también va dirigida contra el directivo de Copisa Xavier Tauler, el representante de Rogasa Juan Luis Moreno y el directivo del Grupo Soler Jordi Soler, entre otros.

Viloca Serrano es, además de tesorero de CDC, administrador de las fundaciones Nous Catalans y CatDem, y ha sido detenido cerca de su domicilio.

Los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo han entrado poco antes de las 11,00 de esta mañana en la sede central de CDC, en la calle Còrcega de Barcelona, para dirigir el registro.

El registro de las dependencias de la formación nacionalista se está llevando a cabo en presencia del administrador de CDC Andreu Viloca.

En el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages,  según el alcalde, Joan Carles Batanés (Gent Fent Poble), los agentes han reclamado el expediente referente a "la contratación y ejecución del proyecto Nexe" en la anterior legislatura, cuando CDC tenía mayoría absoluta.

El Grupo Soler ganó el concurso público y se encargó de la construcción del centro: "Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total".

El alcalde ha concretado que, "poco después, la empresa del Grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC", lo que justifica la investigación de la Guardia Civil, ha apuntado.

"No sé si fue legal o no. Pero si se demuestra que no lo fue, es deplorable que se pagara una donación a CDC con el dinero de todos los vecinos" de Sant Fruitós de Bages, ha añadido.

Durante la construcción del centro cívico Nexe el alcalde era Josep Rafart (CDC), actualmente apartado de la política, y del gobierno municipal de entonces sólo se mantiene la entonces concejal de Cultura, Mercè Casals, que ahora es la líder de la oposición en el consistorio.

En el Ayuntamiento de Olot (Girona) la Guardia Civil busca el contrato de concesión del servicio de basuras de la ciudad que se aprobó en 2011 y que actualmente sigue en vigor, según han explicado fuentes cercanas a la investigación.

Dos patrullas de la Guardia Civil, con diversos agentes, registran el Consistorio desde las 10.00 horas de este martes.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Olot, Josep Maria Corominas (CDC), se ha mostrado sorprendido por el registro y ha asegurado estar "tranquilo", ya que ha asegurado todo se ha hecho según estaba establecido.

CDC ha lamentado este miércoles la "espectacularidad" de la detención de su tesorero, Andreu Viloca Serrano, por delitos relaciones con la corrupción, y ha criticado a la Policía y la Justicia por considerar que se ensañan con CDC al avisar siempre a los medios de comunicación en este tipo de operaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto en los pasillos de la Cámara Baja el diputado de CDC Carles Campuzano, al ser preguntado por la operación de la Guardia Civil por la que se ha detenido al tesorero del CDC, entre otros.

El parlamentario convergente ha apuntado que no conoce los detalles y que se ha enterado de la noticia al mismo tiempo que los medios de comunicación: "Sé lo mismo que ustedes", ha manifestado Campuzano.

La operación, que sigue abierta a las 11.00 de este miércoles, ha supuesto ya 11 registros. Esta deriva del análisis de la documentación que la Guardia Civil intervino el pasado mes de agosto en el registro de la sede de la fundación Catdem, el domicilio del extesorero de CDC Daniel Osàcar y el despacho de Viloca en las dependencias de la formación nacionalista.

Esa documentación, que según los investigadores refuerza su hipótesis de que Teyco pagó comisiones del 3% a CDC, apuntaba también a otras empresas sospechosas de haber entregado mordidas a la formación liderada por Artur Mas.

En fases previas de la investigación, la Guardia Civil registró cinco ayuntamientos -Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Sant Celoni (Barcelona), Figueres (Girona), Lloret de Mar (Girona) y Torredembarra (Tarragona)- que supuestamente adjudicaron obra pública a cambio de comisiones.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha reiterado este miércoles su confianza en los dirigentes que gestionan el partido que lidera, CDC, y ha tachado de sobreactuación el registro de este miércoles en la sede de Convergència: "Somos objeto de caza mayor".

En rueda de prensa tras firmar el decreto de constitución del Parlament para el lunes 26 de octubre, Mas también ha hablado como presidente para defender la "súper transparencia" de la empresa pública Infraestructures.cat, cuyo director general es uno de los detenidos en la operación.

"Infraestructuras de Cataluña es cien por cien pública. Pueden mirarlo todo, revolverlo todo y llevarse lo que quieran. Estoy cien por cien convencido de que todos los expedientes de adjudicación son impecables", ha concluido el presidente catalán.

Mas ha criticado tanto la Fiscalía como a la Guardia Civil por haber elegido "un día simbólico" para los registros y detenciones --la firma del decreto de convocatoria del Parlament--, y ha dicho que ya en el último registro, a finales de agosto, eligieron un día singular, ya que se celebraba un acto importante de precampaña de Junts pel Sí.

Ha insistido en que, como en aquel día de agosto, este miércoles los medios también estaban avisados de antemano de que se produciría la operación policial, y ha vinculado las detenciones al proceso soberanista: "Hay una exageración que no es ajena al momento político que estamos viviendo".

Mas ha dicho tener "plena confianza" en los gestores de CDC cuya gestión está siendo investigada, y ha asegurado que, tras años de investigaciones, ningún fallo ha detectado irregularidades en el partido, por lo que ha concluido que mantiene su confianza en estos gestores.

"Tengo plena confianza en estas personas. Siempre que ha salido algún caso he hecho preguntas y se me han dado respuestas y siempre me han dicho que no había irregularidades", ha zanjado.

El presidente ha descartado asumir en persona la gestión del partido vistas las detenciones y ha alegado que sus responsabilidades institucionales lo abarcan casi todo y al partido puede dedicarle "muy poco tiempo", de ahí que delegue los principales ámbitos de gestión.

Mas está convencido de que la operación policial no afectará al proceso soberanista y ha argumentado que la confesión del expresidente Pujol sobre su patrimonio oculto no afectó: "Estoy dispuesto a dar todas las explicaciones que han falta. Estoy tranquilo, muy tranquilo".

Mas ha añadido que este mismo miércoles comunicará al Parlament que está dispuesto a comparecer esta semana en su Diputación Permanente --órgano de la cámara que funciona hasta emprender la nueva legislatura-- para defender que el sistema de Infraestructures.cat es "súper transparente y súper garantista de la igualdad de oportunidad respecto a todos" en las adjudicaciones.

El presidente de la Generalitat quiere que su eventual comparecencia en la Cámara catalana se interprete como confía absolutamente en la buena actuación tanto de la administración catalana como de su partido: "Estoy dispuesto a comparecer en el Parlament. Mirad si lo tengo claro".