Los examinadores del carné de conducir están llamados este miércoles a una huelga de 24 horas y una concentración a mediodía ante la sede central de la Dirección General de Tráfico (DGT) para pedir mejoras salariales y laborales y mayor seguridad ante las agresiones que sufren por parte de algunos alumnos.

Aunque desde el 14 de septiembre el colectivo —unos 700, aunque 550 en activo— están llevando a cabo paros parciales de tres horas diarias y la DGT ha aceptado alguna de sus propuestas, los sindicatos convocantes, CSI-F y CGT, decidieron endurecer su protesta con la movilización de este miércoles.

Tráfico les ha convocado para una reunión el próximo día 26, pero, según el coordinador nacional del CSI-F en este área, Manuel Santiago, los examinadores mantendrán su protesta "hasta que no se concreten las promesas de la DGT, porque las palabras se las lleva el viento".

Mayor seguridad, un refuerzo de las plantillas, mejores condiciones de trabajo y una revisión salarial son las principales reivindicaciones de los examinadores, que con sus paros parciales han provocado ya la suspensión de más de 60.000 exámenes de conducir en toda España.

Algunas de sus demandas han sido aceptadas por Tráfico, como que puedan posponer la comunicación del resultado al alumno y que, en cualquier caso, esa información y explicación se realice en un entorno seguro, como el centro de examen u otros lugares que un grupo de trabajo concretará en cada provincia.

Según los datos de la DGT y los propios examinadores, el pasado año se produjeron ocho agresiones y en lo que va de año 15.

Hay otras demandas que Tráfico está estudiando, como medidas organizativas para adaptar el número de pruebas que realiza cada examinador a fin de mejorar la calidad.

Y está a la espera también de que la Comisión Interministerial de Retribuciones responda a la solicitud, apoyada por el Ministerio del Interior y remitida en junio, para una subida salarial.

Pese a esas propuestas, los sindicatos creen que se trata de un compromiso "muy poco formal" porque la DGT, según Santiago, "no quiere plasmarlo en una instrucción y que tenga rango de norma legal". "Es papel mojado", apostilla.