El Gobierno central ha acusado este martes a la Junta de Andalucía de no haber presentado el Plan Económico Financiero (PEF) para el ejercicio 2015-2016. Además, ha advertido de que "es de las pocas comunidades autónomas" que no ha cumplido con esta obligación legal.

Así lo ha expresado en Málaga el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien ha dicho en concreto que, "desgraciadamente", el Ejecutivo de Susana Díaz "no nos ha presentado un Plan Económico Financiero que tenían que haber hecho, sino unas medidas muy provisionales que les hemos solicitado".

"Unas medidas que tienen que cumplimentar adecuadamente porque son un requisito previo", ya que, tal y como ha apuntado en rueda de prensa, "es muy probable que en próximas fechas la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos quiera contribuir con unas cifras adicionales, que permitirían avanzar aún más en el plan de pago a proveedores".

Sin embargo, ha especificado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, "según la ley, si no presenta la Junta ese Plan Económico Financiero, no podrá recibir estas cantidades adicionales".

Ha declarado, al respecto, que los técnicos del Ejecutivo central están "en permanente contacto con la Junta de Andalucía con el objeto de que se pueda subsanar este asunto", ya que "es de nuestro máximo interés que pueda percibir estas cantidades para que los retrasos en los pagos a proveedores se subsanen". En este sentido, ha indicado que su periodo medio de pago a proveedores es de 44,24 días.

"trato preferente" para andalucía

Según Beteta, la región andaluza ha recibido "un trato preferente" por parte del Gobierno en el aporte de los mecanismos de liquidez. Concretamente, a lo largo de esta legislatura, entre Comunidad Autónoma y entes locales, Andalucía ha recibido 28.212 millones de euros, "una cifra prodigiosa", que supone en torno al 17 por ciento del conjunto de los recursos dispuestos en esta materia.

Beteta ha hecho hincapié en el "compromiso" del Gobierno de que "quien presta un servicio cobre" porque "si no cobra, se pone en riesgo la continuidad del servicio público, pero sobre todo los empleos de las empresas que trabajan para la Administración".